Adolescentes y sus madres conformaban agencia de sicarios

La organización estaba compuesta por 16 personas y ejecutaba asesinatos por encargo en diferentes provincias del país. Por ejemplo, los jóvenes, que al momento de los hechos tenían 17 años, fueron los gatilleros en dos de los crímenes que se les atribuyen.

En tanto, las señoras, de apellidos Castro y Monge, prestaban sus cuentas bancarias para recibir el pago por los ataques armados o para comprar municiones o viáticos para el resto de los integrantes.

La agencia, como fue denominada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque operaba por encargo de terceros, era comandada por un hombre de apellidos Gutiérrez Durán, apodado Ántrax o Loco, quien dictaba las órdenes desde la cárcel La Reforma, utilizando un número telefónico con prefijo de Nicaragua, según detalla el expediente judicial 21-000709-0053-PE, al que La Nación tuvo acceso.

En esa investigación se consigna que Gutiérrez “también había figurado como imputado dentro de otra pesquisa fechada en diciembre del 2017, cuando se gestó el homicidio calificado de un reconocido narcotraficante llamado Erwin Alejandro Guido Toruño, alias Gringo, a quien asesinaron de 136 puñaladas en el bajo de los Ledezma, en San José.

De acuerdo con el expediente judicial, en la agencia todos desempeñaban diferentes roles. Además de los adolescentes, había otros jóvenes asignados a labores de sicariato, otros más fungían como motociclistas o transportistas, encargados de vigilancias y seguimientos, y además, tres mujeres (incluidas las madres ya citadas), quienes facilitaban sus cuentas bancarias para que la organización recibiera dinero y pudieran completar la logística necesaria para los asesinatos.

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A esta organización, desarticulada luego nueve allanamientos simultáneos en abril pasado, se le atribuyen cuatro homicidios y un asalto agravado dentro de un supermercado en Puntarenas.

Las víctimas documentadas son Jonathan Gabriel Castro Mesén, asesinado en La Aurora de Alajuelita, San José, el 24 de junio del 2021; Jordan Jesús Núñez Carrillo, hallado maniatado y envuelto en cobijas en la ruta 32, el 27 de junio del 2021; Bryan Narváez López, asesinado en el centro de San José el 11 de junio del 2021, y Evaristo Mina Ruiz, ciudadano colombiano asesinado dentro de un autobús en La Sabana, San José, mientras se dirigía a su hogar en Pavas.

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En el expediente se especifica que los muchachos acribillaron a Jonathan Gabriel Castro Mesén, luego de que el grupo alquilara una casa cercana para vigilar sus movimientos. El día del ataque, se le acercaron en motocicleta y le dispararon mientras caminaba por el área verde de un condominio de clase media en Alajuelita. Se presume que a Castro lo mandaron a matar porque le había “tumbado” un cargamento de droga a un tercero.

También se les vincula con la muerte de Bryan Narváez López, quien presuntamente era un vendedor de drogas de la capital. Lo ultimaron en el cruce de avenida 12 y calle 12, donde trabajaba como guarda de un bar.

Madre administraba dinero de homicidios

De acuerdo con el expediente, las madres de los menores tenían pleno conocimiento de los homicidios que ejecutaban sus hijos. Por ejemplo, después de cometer el homicidio de Narváez, a uno de los adolescentes se le cayó su teléfono celular debajo de un vehículo Hilux color blanco que estaba estacionado cerca del lugar. Por esta razón, un día después, el menor usó el celular de otro integrante de la agencia para comunicarse con Ántrax y que este último le avisara a su mamá que él “estaba bien”.

En las intervenciones telefónicas figuran conversaciones entre el menor y el cabecilla, en las que hablan del pago de dinero por los trabajos realizados y la distribución de las ganancias, pues el adolescente pidió que la mitad del dinero se la enviaran a su mamá. Estos mensajes fueron claves para que los agentes infirieran que la mujer era quien administraba las utilidades:

Ántrax: “Mándeme la cuenta de su mamá”

Menor de edad: “Mae vea, lo que ocupo es mandarle a mi mamá. ¿Es medio palo, ya? Ocupo mandar medio palo para allá abajo y el otro medio palo, usted me dice dónde lo recojo o si me lo manda a la cuenta del paisa, o no sé, para no andar así sin plata, huevón. (...) Es para mandarle ese medio palo a mi mamá, mae, y para pagar las pastillas y, diay sí... ya tener todo lo mío, ¿me entiende?”

De manera simultánea, el menor también se comunicaba con su madre para que ella le enviara el número de cuenta bancaria. La madre le pide que el envío de dinero sea bajo el concepto de “préstamo para compra de tenis”.

Menor de edad a Monge: “Bueno, ahorita le van a depositar medio millón ahí. Pero no gaste la plata en tonteras, mami, por favor, administre la plata. Usted sabe, téngala ahí guardada y nada más, diay, si ocupa comprar comida, compre lo necesario y, diay, trate de no hacer mucho loco. Diay, no le diga a Douglas que tiene plata porque, si no, no la suelta”.

Monge: “Póngame ahí ‘préstamo para compra de tenis’. Todo relacionado con la venta de tenis”.

Menor de edad: “Usted me avisa cuando ya le llegó la vara, esté en todas. Pero, mami, no gaste la plata en tonteras, por favor. Compre, diay sí... cómprense cosas, está bien. Regálele algo ahí a Dy..., a la Meca, a Do..., a J..., cómprese algo usted y la bebé, pero deje guardado, aunque sea unas tres tejas, por favor”.

Monge: Imagínese que la plata que usted me dio, aún tengo plata. Usted me dio sesenta, gasté solo diez mil colones, pensando en lo mismo, en ir guardando plata. Guardé cincuenta, le mandé veinte a usted, y los otros treinta es lo que le voy a mandar a Do..., que me pidió veinte, y a Swagga, que me pidió que le prestara diez. Todavía al día de hoy tengo esa plata ahí”.

Según el expediente, en los análisis que hicieron los investigadores, cuando la madre menciona depósitos de dinero anteriores, podrían estar relacionados con los homicidios de Castro Mesén, Núñez Carrillo y Narváez López.

La otra mujer, de apellido Castro, además de cooperar en temas logísticos de la agencia, estuvo recluida en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling, mientras era investigada por un delito de amenazas agravadas.