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Las vacaciones profilácticas solicitadas por los empleados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que podrían empezar a regir en los próximos meses, “no van a ser ninguna alcahuetería”, aseguró el secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), Álvaro Rodríguez Zamora.
Rodríguez, en declaraciones a La Nación, celebró la decisión de la Corte Plena del 8 de julio, de darle dos meses a Gestión Humana del Poder Judicial para crear un reglamento que permita a los agentes del OIJ solicitar las vacaciones con el fin de recuperarse por el desgaste psicológico y mental que conlleva su trabajo.
El sindicalista explicó que este beneficio no se otorgaría en principio a cualquiera que lo solicite, sino que se daría prioridad a quienes requieran recuperarse de situaciones impactantes como hallazgos de cadáveres, o el asesinato de un compañero, como el ocurrido en octubre del 2023 en Curridabat.
Para esto, advirtió que la institución necesitaría de más psicólogos que den abasto con las necesidades psicológicas y emocionales de los agentes.
“A diferencia de otras instituciones, la de nosotros presenta una verdadera necesidad de atención a la persona que se vaya en esos días bajo las vacaciones profilácticas, que esté en una constante atención con los psicólogos de la Sección de Apoyo Psicológico Operacional (Sapso) para que pueda ser desintoxicado adecuadamente”, señaló.
En un informe del 13 de junio, la Dirección Jurídica del Poder Judicial concluyó que existe fundamento legal para aplicar las vacaciones profilácticas dentro de la institución, siempre y cuando se cuente con un informe técnico de Gestión Humana.
Dicho informe se emitió a partir de una solicitud de criterio enviada al Consejo Superior por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien detalló que el objetivo es que los agentes reciban diez días de vacaciones, cinco en cada semestre, cinco años después de la fecha en que se adquiere el derecho a las vacaciones ordinarias.
El líder sindical reconoció el interés de Zúñiga y el subdirector del OIJ, Michael Soto, en hacer realidad las vacaciones profilácticas, en lo que afirmó ha sido una lucha de 20 años por obtener un beneficio que ya poseen empleados de otras instituciones, como el Ministerio de Seguridad y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Esto nace en el 2004, en una encerrona que hizo el antiguo director don Jorge Rojas, en el 2008 eso llega al Consejo Superior y supuestamente se aprueba. Se manda a Gestión Humana desde el 2008 y pasó todo este tiempo sin actividad, y nosotros hemos venido a tratar de reactivarlo”, dijo Rodríguez.
Rodríguez consideró que el interés de la Corte Plena en este asunto se debe a su reciente preocupación por la fuga de personal del Poder Judicial, lo que llevó a los magistrados, a inicios de año, a pedir a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público un informe sobre la situación salarial de la institución.
Además, el 1.° de julio, la Corte aprobó que los médicos forenses del OIJ reciban un pago adicional en sus sueldos por concepto de prohibición, equivalente a un 30% del salario base establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), aprobada en el 2018.
