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Los ajustes del salario global definitivo le dificultarían al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) retener a sus funcionarios más calificados ya que algunos puestos tendrían que esperar décadas para recibir un aumento salarial, asegura el director de la institución, Randall Zúñiga.
En un oficio enviado en marzo al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Zúñiga señaló a la entonces ministra, Laura Fernández, que con la Ley de Empleo Público, un investigador cuyo salario supere en ¢300.000 lo que tiene establecido ese puesto en el salario global, debería aguardar 30 años para un aumento de salario.
Según un cálculo del OIJ, la media de los funcionarios de la institución percibe, en promedio, ¢280.000 más en el salario compuesto, con respecto al salario global, por lo que estos empleados tendrían que esperar 28 años para un aumento.
Esto se basa en lo establecido en el transitorio XI de la ley, el cual señala que quienes devenguen un salario compuesto mayor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global, no recibirían incrementos hasta que el salario compuesto sea el mismo que el salario global.
El salario global fue introducido por la Ley Marco de Empleo Público, vigente desde el 2022, con el objetivo de frenar el crecimiento desmedido del gasto salarial, que era empujado por incentivos como las anualidades.
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Las instituciones crearon inicialmente un salario global transitorio, hasta establecer uno definitivo, que en el Poder Judicial fue aprobado por la Corte Plena en mayo pasado.
La institución se tomó 14 meses para afinar los montos con el fin de garantizar que los salarios se mantengan competitivos y combatir la fuga de personal, así como potenciar la atracción de nuevo talento.
Las familias de puestos en el Poder Judicial son operativa auxiliar, asistencia y técnica, técnica jurisdiccional, jefaturas-coordinadores y profesionales, apoyo al escalafón policial, escalafón policial, defensores públicos, fiscales, jueces y estrato gerencial.
El salario definitivo se mantuvo igual con respecto al transitorio en casi todos los casos. Un ejemplo de variante es el puesto de coordinador judicial 1, que en el salario transitorio ganaba ¢891.107 y en el definitivo global pasó a ¢893.264, pero los cambios fueron ínfimos.
No obstante, Zúñiga aseguró a La Nación que con este nuevo esquema, el OIJ más bien está gastando ¢100 millones más en salarios que hace seis años.
Además de quedar prácticamente con salarios congelados, otros funcionarios con más experiencia ganarían menos que el personal nuevo, afirmó el director.
“Una persona que con cinco, diez, 15 años gana menos de lo que va a entrar ganando una persona nueva en el OIJ por esta misma Ley de Empleo Público, y lo que nosotros ocupamos es retener al personal viejo, no al nuevo”, señaló.
Zúñiga explicó que uno de los grandes costos que enfrenta el OIJ es el de la rotación de personal, por la cantidad de funcionarios que han renunciado en los últimos años. Esto incluye los costos de reclutamiento y capacitación, a lo que se suma el costo de producción que conlleva enseñarle a cada empleado nuevo.
El director puso de ejemplo que un perito forense que normalmente realiza 30 informes por mes tendría que capacitar durante dos años a un funcionario nuevo, por lo que su producción podría disminuir a 15 informes por mes.
El análisis de un impulsor de la Ley de Empleo Público
Consultado sobre las inconformidades en el OIJ, el exministro de Hacienda Elián Villegas aseguró a La Nación que el Poder Judicial es el encargado de construir su propio esquema de salario global, sobre todo en el caso de puestos exclusivos y excluyentes como el de un investigador del OIJ, por lo que se puede asumir que la institución escogió un salario que refleja una “justa remuneración” para ese cargo.
Villegas, quien impulsó la Ley de Empleo Público durante el gobierno anterior, señaló que “si a partir del salario global definido se ocupan 30 años para llegar a un salario por componentes, solo puede significar dos cosas, o incluso, una combinación de ambas: el salario global está mal definido y la distorsión existente en el salario por componentes era gigantesca y por tanto abusiva”.
En su respuesta al oficio del OIJ, la entonces ministra Fernández aseguró en abril que la Ley Marco de Empleo Público ayudó a mejorar la equidad y la productividad, pues el salario compuesto “recompensaba indiscriminadamente la antigüedad y la exclusividad en el servicio civil, generando incentivos perversos para los servidores públicos, con una columna salarial única”.
Para la ministra, la legislación modernizó la administración pública y colocó la masa salarial pública en “una senda sostenible”.
Asimismo, señaló que en ese momento no se podían precisar los efectos fiscales, pues se debía esperar la plena implementación del salario global. Si bien ya existían estimaciones del Ministerio de Hacienda sobre el ahorro proyectado, era necesario aguardar a que las instituciones autónomas formularan y aplicaran el nuevo sistema.
Alza en las renuncias
Según los voceros de la Policía Judicial, desde el 2018 han renunciado 369 funcionarios. De ese total, 100 se fueron en el 2023 y 144 saldrían en el 2024, según las proyecciones del OIJ. Todos estos últimos, derivados de los cambios salariales ejecutados.
Para Zúñiga, esta pérdida de capital preparado afectaría gravemente la calidad de las investigaciones y aumentaría el crimen en el país. Dijo que también podría caer la moral e incrementar la cantidad de accidentes en las labores policiales por la falta de experiencia.
Una de las principales propuestas del OIJ para revertir esto es el proyecto de ley número 24.191, presentado en febrero por la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero.
El proyecto ha sido respaldado por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA).
El texto reformaría la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público para que las limitaciones salariales que imponen estas normas no apliquen al personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del OIJ.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró en marzo que vetaría el proyecto de ley, al calificarlo como “un abuso”.
En marzo, Zúñiga también pidió a Mideplán que mostrara el efecto en las finanzas públicas que tendría la Ley de Empleo Público y el estudio técnico que justificara el aumento salarial a los ministros de ¢1,36 millones a ¢2,7 millones, y el de los viceministros de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones mensuales, ordenado por Chaves en junio del 2022.
Según Zúñiga, esta última solicitud no ha sido respondida.
