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El exalcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño, fue absuelto por duda este lunes por el Tribunal Penal de Heredia de los cargos de violación y privación de libertad en perjuicio de una menor de edad. Ulate había sido arrestado en abril de 2021 por hechos que supuestamente ocurrieron en 2019, cuando, según las acusaciones, llevó a la menor a su casa con el pretexto de recoger unos documentos para un trabajo, momento en el que se habrían producido los actos denunciados.
Sin embargo, el Tribunal determinó que no había pruebas suficientes para sustentar los cargos y absolvió al exalcalde, dentro del expediente 21-000710-0369-PE. El mismo Ministerio Público había solicitado la absolutoria a los jueces, pues no encontraron a los testigos de la causa.
Federico Campos, abogado de Ulate, calificó el caso como “una denuncia falsa, una injusticia, un montaje político, un uso indebido de los Tribunales de Justicia para sacar de la arena política oponentes de la forma más vil e injusta”.
Campos también mencionó que tanto Ulate como su hijo, quien aspiraba a una diputación por el Partido Liberación Nacional (PLN), fueron apartados de la política debido a este caso. Producto de esta investigación, el exalcalde había sido expulsado del PLN, por decisión del Tribunal de Ética y Disciplina.
Según el abogado, se trató de un típico caso de lawfare o instrumentalización de la justicia con fines políticos, y criticó que quienes recurren a la falsedad no consideran el daño a la imagen y honor de las personas, calificando esto como una perversidad política recurrente.
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Ulate fue alcalde de Heredia desde el 2007 y hasta el 2022, cuando se acogió a su jubilación.
Este no es el primer juicio que enfrenta. En junio del 2023 fue condenado a cuatro años de cárcel por ordenar a la Policía Municipal liberar al hermano de la abogada María Auxiliadora Alfaro Chacón, después de que ella llamó a Ulate, en diciembre del 2016. La condena la cumple desde su casa, debido a su condición de adulto mayor.
El Ministerio Público señaló en aquel momento que el hombre había quedado detenido por obstruir la inspección de los oficiales en un bar, pero Ulate ordenó que se cancelara el procedimiento. También fue condenado a la inhabilitación de cargos públicos por tres años y al pago de ¢1 millón.
Esa sentencia fue apelada por la defensa de Ulate, y se está a la espera de una resolución.
