Escuchar
El alcalde de Pérez Zeledón, Jeffry Montoya Rodríguez, negó haber tenido reuniones con un hombre de apellidos Segura Angulo, quien es considerado por la Policía Judicial como el presunto líder de una organización dedicada a legitimación de capitales, y cuyas propiedades fueron allanadas por la Policía Judicial el 23 de febrero.
Ese día hubo 35 allanamientos en los que se detuvo a ocho personas, se decomisaron más de ¢6.000 millones en dinero en efectivo y 1.500 cabezas de ganado, entre otros bienes y propiedades. Cuatro miembros de la banda, incluido Segura, permanecen en fuga.
En una publicación parcial del expediente que hizo Diario Extra este martes, se indica que en la página 45, (expediente 19-000082-1322- PE) “Segura Angulo pactó un desayuno con Jeffrey (Montoya), el alcalde, para ver en qué le puede colaborar”, refiriéndose a un problema vecinal por contaminación en la finca ganadera Fénix, propiedad del sospechoso.
Montoya, en declaraciones a La Nación, sostiene que revisó en detalle la mención que se le hace en el expediente y que es por este documento que se entera de que la pareja sentimental de Segura (de apellido Chacón) fue quien intentó contactarlo para coordinar un desayuno y tratar una denuncia vecinal, pero que dicho encuentro nunca se concretó.
De igual forma, dice que nunca estuvo en la finca ganadera Fénix, propiedad de Segura y más bien fue el departamento de ingeniería ambiental, junto con autoridades del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), así como el personal encargado de permisos de construcción, los que se encargaron de visitar la ganadería en la localidad de Pedregoso.
A raíz de esa inspección, se les obligó a acatar recomendaciones en cuanto al manejo de desechos animales. De igual forma, en la parte constructiva se detectaron inmuebles que no tenían permisos municipales, por lo que se tramitó el asunto en el concejo y se ordenó paralizar su uso y notificarle al encargado para que se ponga al día.
Como los dueños están en fuga, de momento todo quedó en una especie de limbo, pues las propiedades están en custodia por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y, mientras no aparezcan los dueños, esos inmuebles están inhabilitados.
El alcalde, del Partido Unidad Social Cristiana, dijo que conoce a Segura, al igual que a muchos otros empresarios del cantón, pues un par de veces estuvo de paso en un restaurante que tenía en la zona, pero era una relación de saludos rápidos y nada más, nunca en contactos como los que ahí se mencionan, sostuvo.
“Estoy sorprendido con esa mención de que hubo intento de comunicación con mi persona. Estoy en toda la disposición de colaborar con la Fiscalía si requiere de mí. Ya en las propias diligencias el día del allanamiento estuve en las siete u ocho oficinas donde el OIJ requería documentación e informes de esa ganadería”, dijo Montoya.
Funcionario renunció
Como parte del debido proceso que se sigue con funcionarios municipales que estén relacionados con asuntos que se investigan judicialmente, el municipio reubicó a los funcionarios de patentes municipales que la Fiscalía y la Policía Judicial investigan por presuntas colaboraciones con esta banda.
Uno de apellidos Godínez Miranda pasó al archivo municipal. Otro funcionario, apellidado Quirós Torres, que no fue detenido pero sí mencionado en el expediente, decidió renunciar al cargo. Pese a esa renuncia, el trámite administrativo sigue adelante contra él y contra Godínez, lo mismo que la investigación de la Fiscalía, dijo el alcalde.
