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Los seis alcaldes investigados por presunta corrupción en contratos de obras viales cantonales en el conocido Caso Diamante fueron liberados de medidas cautelares la noche de este lunes. El único impedimento que pesará sobre ellos será el de salida del país; no obstante, este podrá ser levantado con una previa evaluación del Juzgado.
Hasta ahora, los gobernantes locales estaban suspendidos de sus cargos, no podían salir del país, comunicarse con testigos ni acercarse a los ayuntamientos. Sin embargo, con las nuevas medidas, podrán retornar a sus puestos.
Se trata de los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
El 2 de marzo, los imputados apelaron sus medidas cautelares. Sin embargo, en aquel momento el Tribunal Penal de Hacienda rechazó la solicitud.
La decisión de levantar las medidas la tomó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.ades de San José, Cartago, Alajuela, Escazú, Osa, Siquirres, Golfito y San Carlos, tras una investigación por presuntas dádivas en contratos cantonales de obras públicas.
La decisión de levantar la medidas la tomó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
Wálter Brenes, abogado defensor del funcionario municipal de Escazú Cristian Boraschi González, confirmó a La Nación que “el juez consideró que la Fiscalía no puede basar un peligro de obstaculización (del proceso judicial) en una fuente anónima, pues la Fiscalía nunca indicó quiénes eran los testigos”.
Por su parte José Pablo Badilla, defensor del alcalde Arnoldo Barahona, detalló que el juez atribuyó su decisión a que “no había información de testigos que hubiese que proteger y en la prueba documental tampoco había ningún elemento para argumentar un peligro. Lo que se señaló desde la primera resolución fue una sospecha ante un temor impuesto por la Fiscalía, pero al día de hoy, esto estaba totalmente debilitado, por no decir que inexistente”.
Badilla confirmó que el alcalde escazuceño volverá a sus labores mañana, martes 24 de mayo, y recibirá su salario habitual.
La Nación le consultó al defensor qué sucederá con los salarios no devengados por Barahona en los últimos meses, a lo que respondió: “Eso va a depender de cada Concejo Municipal, pero yo entendería por un tema de legalidad, que a don Arnoldo, además de recibir su salario a partir de mañana, también tiene el derecho a que se le reconozcan estos seis meses de salarios caídos. Arnoldo, mañana a las 7 a. m., toma nuevamente las riendas de nuestro cantón”.
Barahona percibe un salario mensual de ¢4,9 millones, de acuerdo con información del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con corte a julio del 2020.
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Juan Diego González, presidente del Concejo Municipal del cantón de San Carlos, confirmó que el alcalde norteño, Alfredo Córdoba, también retomará a labores el día de mañana. Él percibe un salario de ¢4 millones.
Por otro lado, a las demás personas que eran investigadas, también les fueron levantadas las medidas cautelares. Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la planta asfáltica de MECO, ya no estará en arresto domiciliario, sino que deberá mantener un domicilio fijo, firmar una vez al mes y no podrá salir del país.
Al empresario Daniel Cruz Porras, de Explotec, se le mantendrá el impedimento de salir del país, pero se le retiró la prohibición de contacto con testigos del caso.
A todos los demás funcionarios municipales investigados, dos de Golfito (Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga), uno de Escazú (Boraschi González), otro de Alajuela (Chacón Ugalde) y uno más de San José (Castro Camacho), les fueron levantadas las medidas y podrán volver a sus puestos de trabajo este mismo martes 24 de mayo.
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