Escuchar
La alcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López Gutiérrez, y el excalde Jorge Chavarría Carrillo serán llevados a juicio como sospechosos de los delitos de enriquecimiento ilícito, legislación en provecho propio e influencia en contra de la hacienda pública.
Así lo determinó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, según una resolución del pasado 19 de febrero, al acoger una gestión de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Guanacaste.
Dicho caso se tramita en el expediente 15-001180-0421-PE. La Procuraduría General de la República también se presentó en esta causa penal como querellante y demandante civil.
LEA MÁS: Fiscalía acusa a alcaldesa y exalcalde de Santa Cruz por presunta corrupción
Hechos acusados
Los supuestos delitos que se les atribuyen ocurrieron entre el 7 de febrero del 2011 y el 30 de abril del 2016, cuando Chavarría laboraba como alcalde y López fungía como vicealcaldesa y, posteriormente, desde del 1.° de mayo del 2016, cuando esta última se desempeñó como alcaldesa, hasta el 1.° de abril del 2019.
El Ministerio Público achaca a López haber recibido más de ¢84 millones de forma ilegal, por concepto del rubro salarial de prohibición.
Se trata de un pago del 65% adicional al salario base que disfrutó entre febrero del 2011 y mayo del 2016, cuando la imputada se desempeñó como vicealcaldesa.
Para que López recibiera ese plus, el entonces alcalde Jorge Chavarría ordenó, el 16 de febrero del 2011, la inclusión de la funcionaria como empleada del municipio y el pago por concepto de prohibición.
Cinco años después, el 1.° de mayo del 2016, María Rosa López asumió como alcaldesa, cargo que ha ocupado hasta la fecha. Es en este periodo es cuando habría ocurrido otro de los hechos acusados.
Este se relaciona con un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el 28 de marzo del 2017, en el cual se convino contratar un abogado externo para que tramitara en la vía contencioso administrativa la anulación de las gestiones administrativas que permitieron el pago presuntamente indebido de más de ¢84 millones.
No obstante, el 1.° de abril del año anterior López emitió un acto administrativo que vetó al acuerdo del Concejo Municipal para la contratación del abogado, comunicó la Fiscalía.
