“El OIJ tiene preocupación porque las áreas de Medicina Legal y de Ciencias Forenses tienen una alta movilidad (laboral). Esa pérdida de recursos, aunada a la imposibilidad de hacer sustituciones en esas esferas de trabajo, afecta los procesos penales y el acceso a la justicia”.

La advertencia la hace Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un contexto en el que una norma presupuestaria, que entró a regir en enero del 2021, impide nombrar a personas en plazas que queden vacantes ante renuncias, fallecimientos o ceses de nombramientos.

Indicó que, en promedio por año, en los últimos tres años, un aproximado de 50 personas se acogieron a la movilidad laboral. Si ese comportamiento continúa durante este 2021, el OIJ se estaría quedando sin esas 50 plazas.

La preocupación aumenta porque, según dijo, una de las áreas que más presenta movilidad laboral es la de Ciencias Forenses y Medicina Legal, que es donde, a grandes rasgos, se realizan autopsias y se analizan las evidencias que permiten esclarecer un caso.

Lo anterior, explicó Espinoza, generaría una afectación directa en los procesos penales porque el personal será escaso para la gran cantidad de trabajo que hay, lo cual podría implicar rezagos en las causas.

“Al ser imposible de sustituir, significa que en el área de trabajo queda un vacío, una falencia y una necesidad (...) Eso ha generado una preocupación grande en la dirección (del OIJ) porque, primero, esas plazas no son fáciles de llenar ni de conseguir personal apto e idóneo para que las ocupen y, segundo, porque esta norma nos impide cubrirlas”.

‘Ya somos una Policía pequeña’

Esa inquietud se incrementa porque, a criterio del jerarca, el OIJ ya es de por sí es una Policía pequeña y con recortes en las plazas la situación se volvería insostenible.

“Tenemos la obligación de trabajar 365 días al año y atender durante las 24 horas del día. La pérdida de una cantidad de plazas tan importante como la que señalé (50, en promedio), genera un impacto negativo, afecta las funciones y afecta la posibilidad de brindar un adecuado servicio público”, mencionó.

Ejemplificó que, en enero, ya perdieron tres plazas, las cuales todas son de áreas de investigación.

Según el detalle, son una de oficial de investigación, otra de analista de criminología y una más de investigador 1.

“Si la tendencia de los últimos años se mantiene, vamos a terminar el 2021 con 50 o 60 personas menos (...) y esa implicación afecta áreas de toda naturaleza”.

Sobre esto dijo que, por ejemplo, Costa Rica se comprometió a cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que, bajo esta norma presupuestaria, no será posible ya que una de las metas es fortalecer a los organismos nacionales que se encargan de seguridad y de investigación de delitos.

Con esta normativa, ocurre todo lo contrario, aseguró.

“Esto va a afectar la posibilidad de que el OIJ atienda peticiones de personas, que pueda generar investigaciones, realizar casos y que contribuya al acceso de la justicia”, recalcó el director policial quien mencionó que, desde ya, los magistrados se han mostrado preocupados y buscarán maneras para paliar la situación.