El caso del empleado del Banco Nacional de Costa Rica detenido en noviembre del año pasado por un faltante de ¢3.293 millones sustraídos de las bóvedas del banco aún está fresco en la memoria, y ahora se detectó un nuevo incidente en la agencia de Ciudad Quesada.
Dos personas, de apellidos Ulate Quesada y Campos Ulate son investigadas después de que un arqueo revelara un faltante de ¢560.000. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San Carlos informó que el caso se tramita bajo el expediente N.° 24-000002-1769-PE, en relación con una denuncia recibida el 19 de enero.
Ambos funcionarios, quienes se desempeñaban como tesorero y auxiliar de tesorería en la Tesorería Regional de Ciudad Quesada, fueron denunciados por el aparente delito de peculado, el cual implica el uso indebido o desvío de bienes que están bajo su administración, percepción o custodia, y que pertenecen a la administración pública.
Se consultó a la oficina de gestión de prensa del Banco Nacional de Costa Rica sobre el caso e informaron que al detectar el faltante por ¢560.000 en un arqueo sorpresivo, se desarrollaron las investigaciones internas correspondientes y se suspendió cautelarmente al auxiliar de tesorería, mientras que el tesorero no fue suspendido porque se acogió a su jubilación.
Añaden que como el caso se encuentra actualmente en investigación por parte de las autoridades judiciales, no pueden brindar más detalles.
En relación con el desfalco de ¢3,293 millones en la bóveda de esa entidad en San José, esa entidad confirmó el año pasado que siete funcionarios enfrentan procesos penales. Posteriormente, el 13 de febrero, despidió sin responsabilidad patronal a Marietta Herrera Cantillo, quien ocupaba el cargo de directora jurídica.
La Gerencia General del banco tomó dicha decisión después de llevar a cabo un Órgano Director Administrativo externo contra la funcionaria por ese caso, conocido policialmente como Caso Gallo Tapado, debido a que el tesorero detenido esa vez apostaba gran parte del dinero sustraído en juegos de azar. La institución comunicó esta decisión a través de un comunicado de prensa.
La investigación interna comenzó el 9 de noviembre de 2023, fecha en la que también se le impuso a Herrera una suspensión como medida cautelar debido al retraso en la denuncia contra los funcionarios supuestamente vinculados con el robo ante la Fiscalía. La investigación por esa causa sigue en curso.
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