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Un 75% de avance. Ese es el porcentaje que el Ministerio de Justicia y Paz divulgó cuando se le preguntó sobre cuán adelantados van los trabajos de bloqueo de la señal celular en las cárceles.
La cifra la brindó luego de que el lunes anunciara que este proyecto, que debió entrar a funcionar e 11 de abril pasado, se retrasaría una vez más.
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Justificó ese atraso en que la pandemia por el nuevo coronavirus impidió que técnicos expertos y extranjeros llegaran al país para certificar el buen funcionamiento del sistema.
Indicó que estaba previsto que estos profesionales llegaran al país “entre marzo y las primeras semanas de abril”. Pero no se contaba con que Costa Rica se vería obligado a cerrar fronteras el 16 de marzo a causa de la enfermedad covid-19.
En una consulta que se tramitó a la oficina de prensa de la cartera, se preguntó sobre qué es lo que falta de implementar y se pidió ahondar en cuáles son los centros penales que llevaban más adelantado el tema del bloqueo.
Sin embargo, ese departamento respondió con hermetismo a esa y otras solicitudes de información sobre este proyecto. “El proceso está sujeto a aspectos de confidencialidad que nos impiden brindar este tipo de detalles", se lee en el correo enviado.
Agregan que se desconoce para cuándo se podrían retomar los trabajos para bloquear la señal. “Es una estimación que los técnicos deben hacer”, apuntó Justicia.
Por su parte, Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, criticó que esa cartera solo anunciara la demora del proyecto, sin aportar otras soluciones para combatir el uso de celulares desde los centros.
Mencionó que, entre las medidas a tomar, podría ser poner a funcionar los equipos que ya las operadoras telefónicas adquirieron, pese a no tener el visto bueno de los técnicos.
“Yo entiendo que es necesario el criterio técnico, pero este lo podemos tener después. Yo opino que se puede arrancar con lo que tenemos y vamos viendo sobre la marcha”, dijo Viales.
Lamentó que este proyecto se vea atrasado, primero, porque costó mucho su aprobación en la Asamblea Legislativa y, segundo, porque es urgente aplicarlo.
“Con el retraso en su entrada a operar, el único premiado es el reo que sigue delinquiendo y estafando desde las cárceles”, reprochó Viales.
El año anterior, la Policía Penitenciaria decomisó 3.145 celulares, lo que superó los 2.946 incautados durante el 2018.
El celular de la piscina en La Reforma
Este jueves, Justicia confirmó que en los últimos seis meses han decomisado 123 teléfonos celulares en uno de los módulos de la Cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma.
Justo en ese módulo, durante la Semana Santa, los reos aprovecharon una tubería tapada para inundar uno de los espacios y crear una especie de piscina. Luego, terceros usaron un celular para tomar fotografías de la aventura en prisión.
El comisionado Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria, indicó en el comunicado que el trabajo de inteligencia se concentra muchísimo en ese módulo, por la persistencia de sus ocupantes “de ocultar ese tipo de dispositivos".
"Ese es un espacio donde la Policía Penitenciaria debe hacer constantes revisiones para contrarrestar la labor de los privados de libertad por ocultar objetos prohibidos, armas y pequeñas cantidades de drogas. Los números de decomisos son significativos dada la acuciosidad de nuestros oficiales”, declaró el jefe policial.
Según Justicia, en febrero pasado, en ese mismo módulo, los reos cavaron un espacio debajo del piso para esconder 29 celulares.
“Pero las autoridades también han encontrado aparatos en las espumas de los camarotes, en el doble fondo o en galetas camufladas en muebles, en ductos, alcantarillas y en las acometidas eléctricas, entre otros”, agrega la entidad.
La promesa de ese despacho es que la implementación del bloqueo celular se completará una vez que se abran las fronteras internacionales y los especialistas puedan viajar a Costa Rica.
