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Se suponía que el 11 de abril pasado ningún celular podía funcionar en ninguna cárcel del país, gracias a la llegada del bloqueo de su señal.
Sin embargo, muchos imprevistos ocasionaron que el Ministerio de Justicia pospusiera, durante meses, su implementación, pese a que eso significaba que los reos podían seguir estafando a terceros, liderando bandas criminales y hasta ordenando homicidios desde sus celdas.
Casi siete meses después, en los que la cartera evitó dar declaraciones sobre ese proyecto, la ministra Fiorella Salazar dio una conferencia de prensa para anunciar que, al fin, el bloqueo será una realidad en el sistema penitenciario. Eso sí, la implementación se hará de manera gradual, agregó.
“Ha sido un proceso intenso y complejo, especialmente por las consideraciones de seguridad que reviste para todos los involucrados en esta implementación. Afortunadamente, ya podemos decirle al país que la solución tecnológica empieza a funcionar y va a ir cubriendo, de manera gradual, todos los centros del país antes del finalizar el año”, indicó la jerarca en un comunicado facilitado por la oficina de prensa.
Justicia precisó que la activación comenzó la primera semana de octubre y que, actualmente, una cuarta parte de los 21 centros de atención institucional cuentan con el bloqueo.
Pero alegó razones de seguridad para no señalar cuáles son esos centros penales.
Lo que sí indicaron es que, debido a que el sistema actúa como inhibidor de la señal, cuando un teléfono intenta activarse genera una especie de alerta. En estas semanas se han registrado 435 bloqueos.
Por último, precisó que el objetivo es que todas las infraestructuras penitenciarias del país tengan el sistema implementado para antes de finalizar el 2020.
“En ese momento el Ministerio de Justicia y Paz dará a conocer las estadísticas de dispositivos bloqueados dentro de los centros penales en estos primeros meses de operatividad", apuntó el boletín de Justicia.
Justificación de atraso
La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en agosto del 2018, buscaba que las operadoras telefónicas se responsabilizaran del funcionamiento de la señal en las prisiones.
El reglamento para dicha norma fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de julio del 2019 y, a partir de ese momento, la ley le otorgaba un plazo de nueve meses a las compañías para buscar la solución tecnológica que permitiera el bloqueo.
Pasado ese 11 de abril del 2020, el Ministerio comunicó que el proyecto no podría implementarse debido a que la pandemia por el nuevo coronavirus complicó los planes.
La justificación consistía en decir que, para ponerlo en marcha, debían contar con certificaciones de unos técnicos extranjeros, quienes, para ese momento no podían ingresar al país porque las fronteras estaban cerradas. Sin ese visto bueno no se podía poner a operar, decían.
Pero, en el camino, esa afirmación cambió. Según dijo la ministra en la presentación de hoy, en un momento no detallado, esos técnicos capacitaron vía remota a un “equipo técnico local” para hacer las pruebas respectivas y así obtener la deseada autorización.
Es decir, lo que en un principio atrasó el proyecto (la llegada de estos expertos foráneos) no fue necesario al final.
“Esa situación, finalmente, se vio solventada con la creación, entrenamiento y puesta en marcha de un equipo técnico local que fue capacitado de manera remota”, señaló el comunicado.
Cuando todo parecía acomodarse, agregó Justicia, llegaron las restricciones vehiculares sanitarias, las cuales hicieron “más lento el programa de visitas técnicas a cada uno de los centros penitenciarios del país por parte de este equipo local”.
Pese a ello, siete meses después, Salazar celebra la implementación del proyecto. “(Justicia) ha sido la institución que más ha anhelado poder contar con esta herramienta de control en favor de la población del país”, dijo la jerarca, sobre todo porque esta batalla era pérdida.
Por año, los policías penitenciarios decomisaban poco más de 3.000 celulares, pero aún así los aparatos seguían ingresando.
Según había dicho en el 2018 Pablo Bertozzi, quien era en ese entonces el director de la Policía Penitenciaria, los reos pagaban hasta ¢400.000 por un aparato y eso hacía que los visitantes se tentaran a meterlos.
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Además, para suerte de los infractores, el Código Penal no estipula ninguna pena en contra de este hecho, por lo que, en caso de ser descubiertos, no les significaba ningún problema penal.
Con el bloqueo, ese tráfico de celulares en prisiones muere.
Daños colaterales
De los cuestionamientos hechos a este bloqueo era la afectación tanto para los funcionarios del sistema penal, como para los vecinos de las cárceles.
En el primer sentido, Justicia aseguró que revisó el inventario de los teléfonos fijos institucionales y su funcionamiento, así como las centrales telefónicas y los radios policiales para establecer si funcionarán para la comunicación de los trabajadores tanto administrativos como policiales.
Asimismo, colocarán nuevos teléfonos públicos para que sean usados por la población penitenciaria, la cual tiene el derecho de mantener comunicación con el exterior, sobre todo en un momento en el que no reciben visitas desde hace casi siete meses.
También mejorarán los teléfonos ya existentes a lo interno de los pabellones.
Por último y no menos importante, el ministerio aseguró que los vecinos no se verán afectados por este bloqueo, ya que las empresas telefónicas hicieron “una serie de calibraciones para asegurar que este se restrinja solo a las instalaciones penitenciarias”.
Pese a eso, en caso de que algún lugareño experimente una interrupción en su señal telefónica, debe comunicarse con su proveedor para que le solucionen el problema, aseguró Justicia.
Casos más sonados de reos con celulares
Pese a que tanto su ingreso como su uso es ilegal, los reos se hicieron notar varias veces con celulares en el último año.
Uno de los casos más sonados fue cuando, en agosto del año pasado, trascendió un video donde se observa a un grupo de reos haciendo llamadas a sus víctimas para intentar robarles su dinero.
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Funcionaron durante cuatro meses como un call center y, de no ser por esa grabación, que se viralizó en redes sociales, Justicia no se habría enterado de la actividad criminal que había en ese módulo de la cárcel La Reforma, en Alajuela.
En la grabación se ve a un preso sentado sobre unos pequeños armarios, fumando un puro de marihuana y, al mismo tiempo, buscando en un cuaderno de apuntes quién sería su próxima víctima. “Haciendo la platica del día de hoy”, se escucha. A unos cuantos pasos de de él estaban otros tres reclusos, todos de pie y hablando por celular.
Otro momento en los que se constató que los reos tienen fácil acceso a los celulares fue en abril pasado, cuando circuló una fotografía en la que se observa a unos privados de libertad disfrutando de una ‘piscina’ improvisada.
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Esto también ocurrió en la cárcel La Reforma.
Según dijo Justicia en aquel momento, una tubería de ese módulo se taqueó y, al ver la situación, los presos aprovecharon para ponerse pantaloneta y divertirse un rato. Todo, documentado en videos y fotos tomadas desde un aparato móvil.
La ineficacia de los decomisos de celulares quedó demostrada también cuando este medio publicó que los reos se divertían y bailaban en la aplicación TikTok.
En unos videos que obtuvo La Nación, se observa principalmente a dos presos haciendo distintas coreografías, mientras uno de ellos está en constante vigilancia para evitar ser atrapado por algún policía penitenciario que haga ronda.
En otra de las grabaciones, un privado luce completamente relajado y hasta tiene de público a sus compañeros de celda, quienes ríen con sus movimientos.
Como si eso no bastara, uno de los reclusos tuvo el tiempo para interactuar con sus seguidores, quienes le pedían el favor de saludar a otras personas que están en el “pequeño mundo”, como se le conoce popularmente a la cárcel.
Otros de los seguidores le preguntaban dónde estaba preso, a lo cual él respondía que estaba en Puesto 10 de La Reforma, en Alajuela.
