EscucharEmilia Navas Aparicio renunció a su cargo como fiscala general el 25 de junio del 2021. Veintiocho días después, el 23 de agosto del año pasado, se abrió el concurso para elegir al próximo jerarca del Ministerio Público; sin embargo, han pasado desde entonces trescientos cuarenta y seis días y la fecha de la elección es incierta.
El atraso se da porque el exjuez notarial, Francis Porras León, y quien es uno de los candidatos, presentó dos apelaciones al proceso, las cuales aún no han sido resueltas por Corte Plena. Primero, el aspirante, quien fue despedido en enero por intentar anular un matrimonio gay, recusó al ahora expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, por haber formado parte del Consejo Superior que ratificó su destitución. Él pidió que el exjerarca no estuviera durante la entrevista pública que le realizaron como parte de este concurso.
Posteriormente, Porras se mostró inconforme con la nota que los magistrados de la Comisión de Nombramientos le colocaron tras esa entrevista pública, realizada en enero pasado. Según información facilitada por el Poder Judicial, para poder resolver la recusación, se solicitó un informe a la Dirección Jurídica, el cual ya fue entregado a la Secretaría del Corte para que los 22 magistrados lo conozcan.
En cuanto a la queja por la nota obtenida, también se está a la espera de que los altos jueces entren a analizarla y resolverla. La fecha para que los magistrados resuelvan aún no está definida.
Si bien Porras mantiene frenado este concurso, sus apelaciones no fueron las únicas que se presentaron a lo largo del proceso. El otro candidato es Juan Gabriel Hidalgo Hernández, quien se quejó por la nota que obtuvo en la entrevista pública, realizada en enero. Él consiguió un 55,83, cuando la nota mínima era de 70. Esta gestión fue vista en la sesión 21–2022, del 9 de mayo de 2022.
Se trató de obtener una versión de Porras sobre los motivos por los cuales presentó las gestiones, pero al cierre de esta nota no fue posible localizarlo a los números que aparecen a su nombre. En tanto, Hidalgo manifestó que, a su criterio, “el concurso está mal diseñado”.
“Para mí el concurso está mal diseñado por la manera en la que se evalúa la entrevista. A uno le dan una especie de guía, le dicen que les interesa que uno diga por qué es la mejor opción para ser fiscal general, qué propuestas se tienen y luego uno contesta las preguntas que le realicen, hasta ahí todo es razonable, pero lo malo es que a uno no le indican cómo van a evaluar esa entrevista, solo le dicen si la superó o no para poder avanzar y no le dicen en qué se falló, no hay un parámetro. Entonces yo presenté e recurso indicando todo esto.
“Al final queda un sinsabor de no saber qué fue lo que calificaron y en qué podría mejorar uno, porque yo tenía una buena calificación en el resto del proceso, pero por la entrevista no pude seguir en el proceso. Seguiré preparándome en materia de seguridad y en el futuro sí lo volvería a intentar”, explicó Hidalgo.
Severos atrasos
Sobre este concurso, el Poder Judicial admitió que ha sufrido severos atrasos, porque “ha tenido la particularidad de que cada fase que conlleva la tramitación del concurso ha sido recurrida en todas las etapas, por lo que en cada notificación se ha debido detener el proceso de continuidad en respeto a su derecho de respuesta y trámite siguiente, según lo establecido en la Ley General de la Administración Pública”.
Eso sí, enfatizó, todas las etapas del proceso se han seguido el protocolo conforme a lo dispuesto legalmente. “El concurso CN–06–2021 para el nombramiento de la persona fiscal general se ha venido tramitando de acuerdo con las directrices que la Comisión de Nombramientos de Puestos de Elección de Corte va emitiendo a la Dirección de Gestión Humana cada vez que finaliza una de las etapas que dispone el protocolo para tales efectos.
”Una vez realizadas las entrevistas técnicas por parte de dicha Comisión y finalizadas las ampliaciones a los estudios sociolaborales que en aquel momento se solicitaron, la Dirección de Gestión Humana entregó a la Comisión de Nombramientos la documentación correspondiente a dicha Comisión.
”A la fecha, la Comisión de Nombramientos está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva las impugnaciones relacionadas al concurso remitidas a ese órgano, hasta en ese entonces procede remitir su propuesta a la Corte Plena para su designación, lo anterior para evitar alguna afectación en la toma de decisiones o posibles inconvenientes que retrasen o pongan en riesgo la conclusión del concurso y la decisión final, hasta que la nómina y demás documentación de apoyo sean conocidos por la Corte Plena”, detalló el Poder Judicial, por medio de su oficina de prensa, ante consulta de La Nación.
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Continuar con proceso
Una vez que las impugnaciones sean resueltas, el concurso seguirá en desarrollo. Originalmente 22 personas se postularon para el puesto de fiscal general, pero dos mujeres y un hombre renunciaron a sus aspiraciones. Posteriormente, se desarrolló la fase de evaluaciones psico–laborales y de antecedentes, así como las entrevistas por parte de los magistrados. Después de esto, la lista se redujo a 11 candidatos.
Actualmente, los abogados que conforman la terna son: Ewald Acuña Blanco, Edgar Francisco Ramírez Villalobos, Ronald Eduardo Segura Mena, Warner Molina Ruiz, Miguel Ángel Ramírez López, José Francisco Mena Castro, Álvaro Fernando Cubero Pérez, Guillermo Antonio Hernández Ramírez, Carlo Israel Díaz Sánchez, Edwin Retana Carrera y Christian Agustín Ulate Durán.
De acuerdo con datos del concurso para el nombramiento, el salario del futuro fiscal general, tomando el 65% del porcentaje de prohibición como derecho adquirido y una anualidad, será de ¢4,6 millones, el cual con deducciones queda en un salario líquido de ¢3 millones. Además, el periodo de nombramiento es de cuatro años.
