Candidatos a fiscal general ofrecen políticas de persecución criminal y combate a la corrupción

Aspectos como la lucha contra la creciente incursión del crimen organizado, así como la lucha contra la corrupción, la optimización de los recursos humanos y la reducción del rezago ante la gran cantidad de casos que maneja la Fiscalía, fueron parte de lo expuesto por los cuatro abogados.

Manuel Fallas Calderón, juez de Pérez Zeledón, dijo que una eventual gestión suya se enfocaría en combatir la corrupción y el crimen organizado.

Afirmó que, sin descuidar los delitos comunes, se debe combatir el sicariato y otros fenómenos que requieren mayor atención. Llamó a fortalecer la capacitación, administrar mejor los recursos de la Fiscalía y responder mejor a las exigencias ciudadanas.

Recordó que los fiscales son los que redactan la acusación y muchas veces no tienen los datos necesarios para realizarlas por falta de formación específica.

A manera de ejemplo, dijo que en la Fiscalía de Santa Cruz, Guanacaste, un solo fiscal tiene 700 expedientes, lo que le imposibilita el cabal cumplimiento de sus funciones, por lo que urge administrar mejor los recursos.

Lamentó que muchos fiscales son nombrados por inopia y llegan a juicios con grandes debilidades, ya que no se les brinda el acompañamiento que requieren.

Se mostró a favor de programas alternos a la cárcel como el de justicia restaurativa.

El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáciga, miembro de la Comisión de Nombramientos, le preguntó sobre sus méritos para el manejo de funciones administrativas y gerenciales, a lo que respondió que el fiscal general por sí solo no puede hacer todo.

El segundo aspirante en exponer sus ideas fue el fiscal jubilado Guillermo Antonio Hernández Ramírez, quien manifestó que enfocaría su gestión a la construcción de una política de persecución criminal.

Dijo que se jubiló por discrepancias con el anterior fiscal general Jorge Chavarría, en la atención de las tareas sustanciales del Ministerio Público. También porque no estaba de acuerdo con la gran cantidad de personas de confianza que tenía Chavarría.

Alberto Montero Loaiza, otro exfuncionario del Ministerio Público y de la Judicatura, que se pensionó hace cuatro años luego de 30 años de servicio, fue el tercero en presentarse.

Afirmó que en el Ministerio Público hay una gran cantidad de servidores nuevos que requieren formación para afrontar con mejores herramientas la investigación y que realicen un trabajo que permita cambiar la imagen que tiene actualmente esa entidad.

Por la experiencia que tuvo en su labor como fiscal de Limón, dijo que son excesivos los expedientes que a veces tiene a cargo cada funcionario.

En una rápida alocución, precisó que se desarrolló como fiscal adjunto. Al ser cuestionado sobre el área de énfasis en caso de ser electo, explicó que le gustaría un Ministerio Público con más protagonismo.

Añadió que la ciudadanía debe retomar la confianza en el Ministerio Público.

Los magistrados le preguntaron si conocía cómo administrar de forma más eficiente el presupuesto, a lo que respondió que se deben establecer prioridades que se ajusten a los porcentajes correspondientes.

Como en su alocución dijo que no es culpa de los jueces el hecho de que las cárceles estén sobrepobladas, la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, le preguntó qué solución propondría y expresó que lo de la infraestructura penitenciaria no le corresponde al Poder Judicial.

Afirmó que estaría de acuerdo con medidas alternas en lugar de prisión, pero solo para ciertos casos. A su juicio, no se debe poner brazalete a una persona que es recurrente en cometer delitos, porque no se trata solo de reducir estadísticas de encarcelados.

Ronald Segura Mena, también fiscal, fue el último de los entrevistados y fue al que más le preguntaron los magistrados, por lo que su comparecencia duró una hora y 15 minutos.

En materia de crimen organizado, calificó de urgente mejorar los tratados internacionales para evitar que personas requeridas por la justicia escapen para países como Colombia, con el que no tenemos extradición.

"Costa Rica no lo puede hacer porque no se ha sentado con Colombia a modificar el tratado que es de 1920 y que en el artículo 5 prohíbe la extradición de nacionales", explicó.

Otro cambio que estima urgente contra el crimen organizado es la reforma a la Ley de Armas, para que las personas que usen fusiles u otras armas prohibidas tengan penas de cárcel más altas que las actuales, que son solo de dos a cinco años.

"Si a alguien lo detienen con una AK-47 la pena es de dos años, entonces los jueces no nos están dando posibilidad de llevar a prisión a los integrantes de esos grupos cuando se detienen, porque dicen que la pena es muy baja y no sería proporcional dar una prisión preventiva", afirmó.

En su alocución ante los magistrados, Segura dijo que otro factor clave es que en los Tribunales de Goicoechea funcione la jurisdicción especializada para crimen organizado y que ahí se ventilen los casos que ocurren en las otras provincias, porque se cuenta con más seguridad y se pueden juzgar sin riesgo para la integridad física de jueces, fiscales y defensores.

Para la delincuencia común pide aplicar un modelo que funciona muy bien en Heredia y que llamó planes integrales de seguridad estratégica, que consiste en vigilancia electrónica mediante cámaras conectadas a centros de monitoreo.

"Que esos centros de monitoreo sean compartidos entre Policía Judicial, Fuerza Pública y Policía Municipal, de manera que tengan una respuesta rápida ante la ejecución de un delito", dijo.

Uno de los aspectos de su ponencia que llamó más la atención de los magistrados, fue su idea de que no se necesita más personal, sino corregir la disparidad de trabajo en el Ministerio Público.

Criticó el hecho de que hay 40 fiscales que no llevan expedientes ni hacen juicios. Se trata de 38 fiscales adjuntos que a su juicio tienen que regresar a las salas de juicio, lo mismo que dos que laboran en la Fiscalía Adjunta de Crimen Organizado.

Dijo que desde que son plazas que ya están disponibles para comenzar a trabajar en juicios y que desde tiempos de Francisco Dall'Anese fueron separados de esos funciones.

Dijo que mientras en Limón cada uno de los 17 fiscales lleva un promedio de 89 expedientes, en Cartago solo hay cinco y les corresponden 300 expedientes a cada uno.

Entre las razones que desmotivan a los fiscales y hacen que emigren hacia la Judicatura están los nombramientos a dedo, es decir sin que haya concursos por lo que muchos interinos pierden la esperanza de lograr una plaza o un ascenso, denunció.

La fiscala interina, Emilia Navas, cuya entrevista estaba prevista para este viernes a las 2 p. m., no acudirá a la conversación, por el fallecimiento de su padre, Hugo Navas. Su encuentro fue reprogramado para el próximo viernes.

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