Se suponía que, para este abril, ni un solo celular podría funcionar dentro de las cárceles porque dicha señal estaría bloqueada. Sin embargo, ese escenario no se cumplirá, al menos, por los próximos meses.

El Ministerio de Justicia y Paz envió un comunicado de prensa para anunciar que ese proyecto aún no verá la luz y justificaron que la pandemia que se vive por el nuevo coronavirus fue la que atrasó los planes.

Se trata de la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en agosto del 2018 y la cual da la responsabilidad a las operadoras telefónicas de impedir el funcionamiento de la señal en las prisiones y así evitar que los reos cometan estafas telefónicas, entre otros delitos.

El reglamento para dicha norma fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de julio del 2019 y, a partir de ese momento, la ley le otorgaba un plazo de nueve meses a las compañías para buscar la solución tecnológica que permitiera el bloqueo.

Ese tiempo se venció el sábado 11 de abril y, pese a que desde el 19 de marzo se le envió una consulta a la oficina de prensa para conocer si se iba a poder implementar este proyecto en la fecha fijada, no fue hasta este lunes que Justicia se pronunció al respecto.

En un boletín de prensa, aseguró que el proyecto está “muy avanzado”, pero que el covid-19 “impidió” la entrada al país de los técnicos que deben certificar el funcionamiento del sistema. Agregó que, sin ese visto bueno, no puede ponerse a operar.

Alegaron: "En sus países de origen también están suspendidos los vuelos internacionales de pasajeros”.

Se intentó conocer para cuándo estaba prevista la visita de los técnicos a Costa Rica, para saber si chocaba con el cierre de fronteras del país (19 de marzo), pero Justicia no respondió a un correo enviado.

Por su parte, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) apuntó que la pandemia ha impedido completar la fase de “implementación" del proyecto, sin embargo no dieron mayores detalles.

Mariano Arias, subdirector de la Cámara, señaló que las tres operadoras de Costa Rica han “desplegado sus mejores esfuerzos” para poner a operar la solución y aseguró que, una vez que todo esto pase, retomarán la implementación con compromiso.

En ese sentido, Justicia comunicó que los operadores se reunieron con la Superintendencia de Comunicaciones (Sutel) para notificar sobre la situación y justificar el retraso existente.

“Ahora se encuentran a la espera del análisis y determinación que tome la Superintendencia sobre el tema”, concluyó el Ministerio.

Se intentó obtener un criterio de Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quien ha tenido una posición crítica sobre este tema, pero no fue posible localizarlo.

Escasa información

Pese a que semanas atrás se consultó por el estado del proyecto, Justicia se limitó a decir que, antes de la emergencia sanitaria nacional, estaban haciendo pruebas de funcionamiento vitales para poder ponerlo en marcha, las cuales tuvieron resultados positivos.

Eso sí, en el boletín, la cartera sugirió que el bloqueo va más adelantado en unas cárceles que en otras, puesto que, cuando todo vuelva a la normalidad, comenzará a implementarse en unas para después extenderse al resto del sistema penitenciario, mencionó el ministerio.

Se pidió detalle de cuáles son esos centros penales, pero aún se está a la espera de la respuesta.

A lo único que se refirió la ministra Fiorella Salazar es a que, antes de la llegada del nuevo coronavirus al país, el proyecto iba tan bien encaminado, que ya hasta sabían cómo evitar una de las principales críticas al proyecto: la afectación a los vecinos de las prisiones.

Indicó que, en ese aspecto, la tecnología podrá reconocer los números telefónicos que funcionan fuera de los perímetros penitenciarios y así permitir que se realicen las llamadas.

Para Salazar, eso, aunado a las pruebas que han hecho y que han tenido resultados positivos, demuestran el buen rumbo que tenía este proyecto, antes del covid-19.

Por eso, aseguró, una vez que se levanten las restricciones de viajes internacionales, retomarán la implementación de estos sistemas de bloqueo.

Mientras eso ocurre, serán los oficiales penitenciarios quienes deben seguir dando la lucha para evitar el ingreso de celulares a las cárceles: el año anterior decomisaron 3.145 celulares, lo que superó los 2.946 incautados durante el 2018.