Plan de descongestionamiento reduce casos de delitos sexuales en tribunales

Nacira Valverde, directora de Planificación del Poder Judicial, resaltó que esa cifra, con corte a junio, representa una disminución del 56% con respecto a octubre del 2021, cuando había 2.257 expedientes en trámite. Valverde aseguró que esa caída se debe a un plan de descongestionamiento de asuntos de delitos sexuales.

Esta iniciativa pretende agilizar un área que recibe aproximadamente 12.000 casos al año, de los cuales dos terceras partes son en perjuicio de menores de edad, tal y como lo expuso en marzo la magistrada de Sala Segunda, Roxana Chacón, en la Asamblea Legislativa. El 21% de estos casos son violaciones, de las cuales el 18% corresponden a procesos que se tramitan por relaciones impropias o delito sexual con persona menor de edad.

Que un expediente demore tantos años en resolverse conlleva una serie de situaciones, la más básica, que no hay justicia pronta y cumplida para quien la busca. Además, que en ese plazo fallezcan algunos de los implicados, se trasladen a otra zona y sean ilocalizables o que incluso los testigos olviden elementos vitales para mejor resolver.

Parte de los planes ejecutados, a partir del 2022, incluyen la creación de Tribunales de Juicio adicionales en distintos puntos del territorio nacional por periodos de tres meses, donde el personal se va rotando para atender los casos de mayor antigüedad. Los criterios de selección de cada una de las zonas se basan en la cantidad de años de retraso en las causas, así como los asuntos pendientes de resolver en esos lugares.

Los enfuerzos para descongestionar esos trámites están incluidos dentro del proyecto llamado Automatización de los procesos judiciales y análisis del rezago judicial.

Este proyecto, iniciado hace dos años, consiste en más de 400 acciones para aplicar mejoras legales, más 163 acciones tecnológicas para acortar la duración de juicios y otros procesos judiciales.

Valverde aseguró que el plan “identificó los nudos y cuellos de botella en los diferentes despachos judiciales por medio de un trabajo articulado con los funcionarios de las oficinas, abogados litigantes e informáticos”.

Además de la atención de delitos sexuales, también se han encargado de revisar el rezago general en todos los juzgados y tribunales penales del país. En cuanto a los juzgados, el promedio de asuntos terminados al mes pasó de 11.699 en el 2019, a 13.245 en mayo pasado.

De igual forma, en los tribunales penales el promedio pasó de 972 en el 2020, a 1.374 en mayo. Esto se logró gracias a la creación de cuotas de trabajo en cada despacho.

El proyecto también ha reducido en un 5% los plazos de resolución de asuntos de cobro, cuyo circulante pasó de 800.493 casos en junio del 2022, a 756.787 un año después. En algunos de estos despachos, desde el 2020, se usa inteligencia artificial para tipificar cada trámite, lo que le ahorra trabajo a los funcionarios judiciales.

Por otra parte, en asuntos de familia el circulante pasó de 20.574 en enero del 2019, a 17.531 en julio pasado, una disminución del 15%.

En datos generales, la cantidad de expedientes esperando resolución bajó en un 9%, entre diciembre del 2020 y diciembre del 2022, un total de 75.712 asuntos.

La directora de Planificación explicó que parte de estos cambios se realizaron solo con procedimientos a lo interno del Poder Judicial, no obstante muchas de las metas planificadas requieren reformas de ley, que deben ser aprobadas por los diputados.

Además de Valverde, en la actividad participaron los magistrados Orlando Aguirre (presidente de la Corte) y Luis Guillermo Rivas, además del presidente del Colegio de Abogados, Álvaro Sánchez.

En su discurso, Aguirre afirmó que “las certezas del pasado ya no sirven, ya no nos dan margen, ni como ideas ni como herramientas para solucionar los problemas actuales. Hace algunos años nos llegó la palabra cambio, y se nos dijo que todo tenía que cambiar”.

El rezago también ha sido discutido en la Corte Plena, donde se analizaron dos expedientes con duración extrema: una demanda de una hidroeléctrica privada contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que duró 26 años en resolverse, y el proceso por presunto peculado contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez que inició en el 2001 y aún no ha concluido.

Durante el estudio de estos dos expedientes, Valverde había presentado nueve recomendaciones a los magistrados, entre ellas darle prioridad al proyecto de automatización. Además, recomendó incluir un profesional en administración de la Dirección de Planificación en cada circuito del Poder Judicial y darle especial seguimiento a los expedientes con mayor tiempo de duración, por medio de distintas herramientas tecnológicas.