EscucharUn mes antes de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicara la administración de 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica, con un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales, los oferentes se reunieron con miembros de la Junta Directiva de la Caja para que la licitación no fuera declarada infructuosa, según lo investigado por el Ministerio Público.
La reunión se realizó el 6 de junio del 2024 y en ella participaron Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS; los directivos Isabel Camareno Camareno, Johnny Gómez Pana y Zeirth Rojas Cerna; y los representantes de las cooperativas oferentes.
Es en esa cita, según la Fiscalía, donde los oferentes se pronunciaron en contra del estado de situación del proceso licitatorio, pues en ese momento la Junta Directiva había conocido tres pronunciamientos técnicos de la Caja en los que se recomendaba declarar infructuoso el concurso, debido a los costos excesivos ofrecidos por los interesados.
Por el contrario, los oferentes alegaron que este proceso no podía declararse infructuoso, “debido a que ellos les había costado mucho cambiar el cartel”, dice la orden de allanamiento del Caso Barrenador, haciendo referencia a una entrevista que le hizo la Fiscalía a la directiva Martha Elena Rodríguez González, quien representa a los sindicatos y no figura entre los detenidos.
“De esta forma queda muy clara la injerencia de las partes sobre al elaboración del cartel, y la intención de los miembros de la Junta Directiva de favorecer a los oferentes, aún y cuando implicó un detrimento a los intereses del Estado”, agrega el documento que permitió los 28 allanamientos del lunes pasado y la detención de ocho personas investigadas por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Un mes después, el sábado 6 de julio, en la sesión extraordinaria 9464, se adjudicó la licitación por ¢471.000 millones por 10 años para administrar 10 áreas de salud en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.
Votaron a favor de la adjudicación los seis directivos presentes ese sábado: Marta Esquivel Rodríguez, Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Porras López.
La votación unánime y en firme se dio luego de escuchar un informe presentado en esta ocasión por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de proyección de servicios de salud de la Caja, que no incluyó un análisis de razonabilidad de precios.
Además de los siete nombres mencionados, el lunes también fue detenido el exdirectivo Roberto Quirós Coronado, por su supuesta injerencia en el cartel de licitación para contratar a las cooperativas.
Ofertas superiores a la necesidad institucional
Como parte de las diligencias de investigación, el 16 de julio del presente año, el Ministerio Público también entrevistó a Andrey Sánchez, director Financiero de la CCSS. En su testimonio, Sánchez dijo que había podido observar un crecimiento de los posibles gastos asociados a esa contratación, pese a que no había un crecimiento en la cantidad de Ebáis, más población a cubrir o cambios en la complejidad de las áreas de salud.
Agregó que los perfiles profesionales eran “superiores a la necesidad institucional”. Por ejemplo, la Caja solicitaba perfiles de contratación de un enfermero de categoría 2, pero los oferentes proponían un enfermero de categoría 4, lo que implicaba un costo significativamente mayor.
Sánchez también señaló que en el caso de Coopesana, se detectó un cobro indebido por el alquiler de edificaciones propias de la cooperativa, lo cual no había sido cobrado de forma directa en contratos anteriores. Según su testimonio, este cargo adicional incrementaba considerablemente los costos para la CCSS.
“Si el valor del inmueble es de ¢1.700 millones, con el monto que ellos cobran a la CCSS por concepto de alquiler, se duplica el precio del edificio en un período de 10 años, lo que resulta en un gasto excesivo”, declaró Sánchez ante el Ministerio Público.
El 4 de julio del 2024, Marta Esquivel convocó a un taller denominado “Tema Cooperativas”, al que asistieron miembros de la Junta Directiva, de la Dirección Legal, el gerente médico, el gerente financiero y el gerente de logística, con el propósito de exponer los criterios técnicos relacionados con la adjudicación. Según Sánchez, los análisis de razonabilidad y de costos presentados durante ese encuentro determinaron que el contrato sería “excesivo”. Asimismo, detalló que Martha Elena Rodríguez solicitó grabar la sesión, pero Esquivel no lo autorizó, alegando que se trataba de una reunión “informal”.
Sánchez añadió que tras concluir ese taller, la presidenta ejecutiva de la Caja se comprometió a convocar otro taller para dar seguimiento al tema, pero afirmó que la dirección financiera no fue convocada nuevamente.
Además, indicó que el 5 de julio del 2024, María de los Ángeles Gutiérrez presentó un oficio (DM-DTSS-0031-2024) recomendando adjudicar las 10 partidas de la licitación, una decisión que no estaba alineada con los estudios de razonabilidad de precios realizados previamente.
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“El 6 de julio del 2024, la Junta Directiva conoció este informe y adjudicó las 10 áreas de salud al margen de los criterios financieros que se habían emitido previamente por la unidad competente”, concluyó Sánchez.
