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Cuando los agentes policiales descubrieron el método utilizado para encubrir la sustracción de fondos públicos para beneficiar a empresas constructoras en la adjudicaciones de obras viales, no dudaron en asignar con el nombre de Caso Cochinilla a la investigación en proceso.
Lo anterior porque determinaron que la forma de actuar de los implicados era muy similar a la cochinilla, un insecto-parásito que se adhiere a las plantas o frutos y vive de la savia.
En la pesquisa que apenas iniciaban, los agentes determinaron que la corrupción estaba oculta detrás de mecanismos, cuyo propósito era no evidenciar el actuar nocivo en perjuicio de las finanzas del Estado.
Este caso, divulgado apenas este lunes, hace referencia a la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad, la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
Por este asunto fueron detenidas 30 personas, entre empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi.
Entre los aprehendidos figuran Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, de las constructoras MECO y H. Solís, respectivamente, firmas que lideran la construcción de obras viales en el país.
La explicación sobre el nombre del caso la suministró el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante consulta de La Nación, pero sin entrar en detalles del fondo de la investigación, pues se alegó “que no pueden ser de ninguna manera expuestos por la sensibilidad de la información y la privacidad de las actuaciones que reza el artículo 295 del Código Procesal Penal CPP”.
Poner un nombre a las investigaciones policiales es una costumbre que tiene la Policía Judicial desde hace años. En las últimas semanas trascendieron nombres como el Caso Pancho Villa o Caso Darwin, para denominar una investigación sobre un grupo, presuntamente dedicado al narcotráfico y lavado de dinero, que tenía su centro de operaciones en la zona sur del país.
Luego trascendió el nombre de Caso Turesky, para llamar así a otra investigación relacionada a un opulento grupo narco, que supuestamente enviaba droga en contenedores a Europa e invertía las ganancias en la compra de bienes.
Para citar otros nombres, en el 2018 se denominó como Caso Descuartizados a una pesquisa que permitió la vinculación de cinco personas con el homicidio y la descuartización de tres hombres en marzo del 2017 y cuyos cuerpos aparecieron en Zurquí.
Similitudes
Según la información oficial, poco después de que en el 2018 se iniciarán las pesquisas por una denuncia sobre presunta corrupción en la adjudicación de obras viales, los agentes encontraron similitudes entre la forma en que actuaban las personas investigadas y un insecto-parásito conocido como cochinilla, que en nuestro país ataca el café, los cítricos y plantas ornamentales.
El OIJ al explicar el por qué del nombre informó: “La denominación del caso fue un asunto meramente policial, basado en las características de la investigación que se realizaba y que tenía mucha concordancia con los efectos negativos de la plaga cochinilla.
“La comparación se debe a que la plaga se caracteriza por la poca visibilidad. Eso le sirve a la perfección para la proliferación y su detección se torna realmente complicada al ubicarse en las bases de los tallos y el reverso de las hojas, donde la revisión a simple vista no es efectiva.
“Para encontrarla hay que hacer maniobras, como escarbar y voltear las hojas, para observar los puntos blancos, pero para cuando pasa esto, la planta ya ha manifestado un estancamiento en su crecimiento o en el peor de los casos, las hojas y tallos comienzan a verse amarillentos y su aniquilación es bastante compleja.
“La investigación que nos ocupa, y que consideramos como Criminalidad Empresarial, no dista mucho de esa representación, pues este caso nos puso ante un panorama donde la corrupción se encuentra oculta detrás de mecanismos que tratan de no evidenciar el actuar nocivo para las finanzas del Estado.
“Va carcomiendo y lesionando los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública y prolifera con el pasar del tiempo, de manera tal que debilitó la credibilidad en la función pública y se tornó más en un asunto de interés privado que en la protección del interés público”.
Por el denominado Caso Cochinilla se tiene a 30 personas detenidas a quienes se les investiga por presuntamente dedicarse a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi.
La captura se realizó este lunes en 57 allanamientos en diferentes instituciones públicas y empresas privadas de todo el país.
Las diligencias permitieron decomisar evidencias y detener a 30 personas.
De ellas, 14 son funcionarios públicos, 12 están ligadas a las empresas privadas y de cuatro no se ha podido establecer su relación.
Además, hay otros 19 investigados que no fueron aprehendidos, pero que figuran como parte del expediente.
Los sospechosos laboran para el Conavi, MECO, H. Solís, Constructora Herrera, Constructora Montedes, Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc), Casa Presidencial y la Contraloría General de la República (CGR).
