EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR), que figura como actor civil, presentó una solicitud de embargo de bienes a la mayoría de los imputados en el Caso Cochinilla. Se trata de funcionarios públicos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como de algunos trabajadores de las constructoras involucradas en la investigación.
De momento, el Juzgado Penal de Goicoechea no ha resuelto la petición, pero de llegar a acogerse los dueños de vehículos, casas y propiedades no podrán venderlas, traspasarlas ni donarlas, mientras que sus cuentas bancarias, ya sean corrientes y de ahorro, certificados de ahorro, cajas de seguridad o inversiones en puestos de bolsa pueden ser congeladas. Esas medidas estarían vigentes hasta que se determine su inocencia o culpabilidad por la presunta corrupción en obras viales.
En la petición se establece que como depositarios y responsables queden los propietarios actuales, con lo que ellos seguirán con el bien, pese a que no pueden negociarlo, regalarlo ni ponerlo a nombre de otra persona.
“Si el proceso concluye con una condena, estos bienes pasan a favor del Estado. En caso de que sea absolutoria, el embargo será levantado y los bienes regresarán a sus dueños”, explicó la Procuraduría por medio de su oficina de prensa, la cual agregó que los bienes que se quieren embargar equivalen a ¢45.000 millones y tiene como fin “garantizar las resultas del proceso”.
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El documento de la solicitud, del que La Nación tiene copia, precisa que el monto solicitado en este embargo obedece al daño material o directo ocasionado a la Hacienda Pública, así como el daño social ocasionado por los aparentes hechos ilícitos.
“Los demandados civiles, cuya investidura era de funcionarios públicos y que realizaron los hechos punibles con ocasión del desempeño de las funciones que previamente se le encomendaron dentro de la estructura del Estado/ MOPT, Conavi, a sabiendas de la obligación de ajustar su conducta a los principios de probidad, legalidad y transparencia, deciden transgredir groseramente ese deber al incrementar irregularmente sus patrimonios obteniendo múltiples beneficios económicos como la aceptación de coimas en dinero efectivo, beneficios como almuerzos, traslados, pagos de hospedaje, botellas de licor, pagos de deudas, entre otras, a cambio de beneficiar a las empresas con información sensible, acelerar el pago de facturas, otorgar licitaciones, malversar fondos para tener presupuesto para licitaciones que beneficiaban a las empresas, solo por citar algunas.
“Por otra parte, los particulares (empresarios), mediante las actividades delictivas indicadas, conformaron junto con los empleados de la administración un grupo estructurado con multiplicidad de intervinientes perpetrado a lo largo tiempo, actuando de convenida, con el propósito de obtener beneficios patrimoniales mediante la comisión de graves acciones delictivas, las cuales a efectos de simplificar pueden citar tres grandes ejes: la entrega de dádivas a funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y amaño de licitaciones públicas”, explica el documento.
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El Caso Cochinilla trascendió el lunes 14 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 45 fueron indagadas posteriormente. En total, por este caso hay 75 personas físicas y 12 personas jurídicas implicadas.
Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado. A los implicados el Ministerio Público les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública. La causa se tramita en el expediente 19–000025–1218–PE.
Ausencia de los dueños de las constructoras
Dentro de la lista de personas a las cuales se les podría hacer este embargo no figuran los dueños de MECO y H. Solís, Carlos Cerdas y Mélida Solís, pero la Procuraduría no ahondó en los motivos.
“Por la privacidad que debe mantener las actuaciones dentro del proceso en esta etapa, conforme el artículo 295 del Código Procesal Penal, no resulta posible referirse al aspecto consultado”, indicó la institución.
Sin embargo, este medio supo que los empresarios no están en esa lista porque tanto las compañías que ellos representan como las otras firmas involucradas en el caso negocian con las autoridades un fideicomiso de aproximadamente ¢50.000 millones (¢22.500 millones MECO, ¢22.500 millones H. Solís y ¢5.000 millones el resto de empresas) con el que se cree un fondo como garantía durante el proceso judicial.
Esta propuesta no se ha concretado, por lo que de momento es solo una posibilidad que se maneja.
Sobre la posibilidad de un embargo a las cuentas de la empresaria Mélida Solís, su abogado defensor Erick Gatgens, manifestó que, por ahora, no tienen conocimiento de ningún trámite semejante.
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