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Luego de que los familiares encontraran el cuerpo enterrado de Luany Valeria Salazar en el patio de una casa, en La Unión de Cartago, sus miradas se volcaron hacia el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según declararon ellos a medios de prensa, la Policía Judicial “les quedó debiendo”, pues a pesar de que interpusieron la denuncia desde el jueves 11 de junio en la sede de San José, la respuesta de las autoridades fue nula.
Aseguraron que nunca los llamaron o los visitaron, aunque fueron muy diligentes en la entrega de fotos y datos que ayudaran en la investigación. El OIJ, por su parte, rechaza esos señalamientos.
Ante esa situación, el Tribunal de la Inspección Judicial abrió una causa de oficio para determinar si efectivamente hubo o no una inacción por parte del OIJ.
La información la confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, ante una consulta de este medio.
El expediente que se le asignó es el 20-1447-31-IJ y, debido a que es abierta de oficio, es contra ignorado; es decir, no hay una persona señalada en específico.
Conforme avance la indagación, se podría ir individualizando.
Por reglamento, el Tribunal dispone hasta de un año para resolver estos asuntos.
En paralelo, el abogado de la familia, Joseph Rivera Cheves, informó de que este jueves brindará una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la denuncia tanto contra el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, como contra el Poder Judicial.
Policía descarta señalamientos
Por su parte, el director de la Policía Judicial rechazó los cuestionamientos y aseguró que, desde que ingresó la denuncia, se le dio el seguimiento oportuno.
Sin ahondar en muchos detalles, enumeró algunas de las diligencias: recibieron la denuncia y elaboraron el perfil de la víctima. El sábado visitaron un precario en Curridabat debido a que obtuvieron datos que aseguraban que la muchacha estaba retenida ahí.
Ese mismo día, pero en la tarde, agentes hablaron con la mamá por teléfono, aseguró Espinoza.
El lunes por la mañana encontraron el celular de Luany en un taller en San José centro.
“Nosotros no investigábamos un homicidio, sino una desaparición”, apuntó Espinoza en declaraciones dadas a la prensa este martes.
La mañana de este miércoles, la oficina de prensa del OIJ indicó que no se darán más declaraciones al respecto.
Asesinada de siete puñaladas
El 9 de junio fue la última vez que la familia de Luany la vio con vida. Ese día salió con una amiga y no volvió más, pese a que el día siguiente, a las 6:40 a. m., supuestamente le envió un mensaje a su mamá diciendo que ya casi llegaba a la casa.
Tras seis días de desesperada búsqueda, el 15 de junio, un hermano de ella pidió ingresar a la vivienda de un vecino, debido a que tenían información de que ella había estado allí el día que se desapareció.
Haciendo una revisión de la vivienda, llegó al patio y vio tierra removida. Comenzó a escarbar y encontró una bolsa, en la cual estaba metido el cuerpo de la joven.
Este miércoles, la Fiscalía confirmó que Luany presentaba siete heridas de arma blanca. No detalló en dónde.
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Por esos hechos, un hombre, de apellido Mejía Araya, de 36 años, fue detenido el martes 16 de junio en San Pablo de Heredia.
Él, quien es el principal sospechoso de haberla matado, fue la última persona con quien se vio con vida a la muchacha, de 23 años.
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La Fiscalía de La Unión anunció que, después de tomarle la declaración indagatoria, decidieron solicitar seis meses de prisión preventiva en su contra.
La petición la planteó el ente acusador en una audiencia que comenzó a las 3:38 p. m. de este miércoles en el Juzgado Penal de la zona.
En paralelo, el OIJ analiza rastros de fluidos corporales que había en la vivienda en la que apareció el cuerpo.
