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El Ministerio Público pidió ocho meses de suspensión del cargo como medida cautelar para los seis alcaldes detenidos en la Operación Diamante, en la cual se investigan presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación y construcción de obra pública. Asimismo, el representante fiscal solicitó para ellos impedimento de salida, firmar en el despacho y no tener comunicación con testigos.
Ante esa petición, los abogados de los jerarcas municipales solicitaron que ellos salieran de celdas judiciales y que solamente se les cite en los próximos días para acudir a la audiencia de solicitud de medidas cautelares. Ese trámite fue acogido y pasadas las 2:30 p. m. todos quedaron en libertad. Poco después, ingresaron de nuevo a la diligencia judicial, la cual finalizó a las 6 p. m. y continuará este jueves.
Se trata de Johnny Araya Monge, alcalde de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa, precisó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Asimismo, contra Luis Fernando Gutiérrez, gerente de la planta asfáltica de MECO, se solicitaron ocho meses de prisión preventiva por ser “el eje central del grupo investigado, el elemento corruptor”, según la prueba con la que se cuenta hasta este momento. Además, la Fiscalía destacó que esta persona es también imputada en el caso conocido como Cochinilla.
En contra de los cinco funcionarios municipales aprehendidos, dos de Golfito (Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga), uno de Escazú (Boraschi González), otro de Alajuela (Chacón Ugalde) y uno más de San José (Castro Camacho), se pidieron las mismas medidas cautelares alternas a la prisión preventiva que contra los alcaldes, mientras que contra el empresario Daniel Cruz Porras, de Explotec, se requirió firmar mensualmente, permanecer en Costa Rica y no tener contacto con testigos del caso.
Todas esas peticiones fiscales, al igual que los argumentos de los defensores de los sospechosos, serán evaluados por el Juzgado Penal de Hacienda, en el Segundo Circuito Judicial, que después decidirá la situación jurídica de los investigados.
Salida de celdas
Una a una las personas que fueron puestas en libertad salieron por el parqueo de los tribunales de Goicoechea y la gran mayoría reaccionó tras dos días de dormir en las celdas judiciales.
El jerarca escazuceño, Arnoldo Barahona, fue el primero en salir y en una breve declaración, brindada al lado de su abogado Guillermo Fonseca Herrera, dijo entre risas: “Yo no hice nada”.
Posteriormente, Alberto Cole, de Osa, mencionó que tanto él como los otros alcaldes están “con toda la seguridad de que se demostrará nuestra inocencia”. Añadió que en un cantón como el que representa, las empresas constructoras son muy pocas. “MECO es una de las empresas que más obra pública ha hecho en nuestro país, por lo menos que yo conozco”, agregó.
Mario Redondo salió rápidamente y solo dijo que va a demostrar ante la Fiscalía su posición. Él es representado legalmente por un defensor público.
En tanto, Alfredo Córdoba, de San Carlos, declaró: “Han dicho cosas que no son ciertas”. Agregó que quiere ser honesto con su pueblo y que no se esconderá, asimismo, dijo que se ha reunido no solo con empresarios de MECO, sino con representantes de otras compañías. Entre lágrimas negó haber recibido dinero de la constructora y se retiró caminando con su abogado, Francisco Dall’Anese Ruiz.
Johnny Araya Monge, alcalde josefino, conversó con su abogado Alfonso Ruiz Ugalde y, después de caminar unos metros, afirmó que no daría declaraciones relacionadas con el caso. Añadió que “como siempre he dado la cara y la voy a seguir dando”. Pasadas las 6 p. m., cuando finalizó la audiencia por este miércoles, reiteró su posición de no referirse al proceso pero dijo: “Soy inocente, tengo los argumentos, los razonamientos (...). Estoy totalmente convencido que hay un error”, aseveró.
“Me siento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, he sido alcalde de San José orgullosamente durante muchos años con el apoyo de los josefinos y no voy a defraudar a la gente que por tantos años ha creído en mi liderazgo (...). No estoy involucrado en ningún acto de corrupción y lo vamos a demostrar durante este proceso”, concluyó.
El último en salir fue Humberto Soto, de Alajuela, quien aseguró que está tranquilo y que respeta el orden jurídico del país. Añadió que rechaza los cargos, que es totalmente inocente y que espera seguir trabajando por su pueblo.
Información actualizada a las 7:17 p. m. con más datos.
