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El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, pidió que se suspenda el pago de su salario durante el periodo que dure la medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Hacienda por la investigación del caso Diamante, la cual lo mantiene alejado de su cargo. Así se lo comunicó el jerarca al Concejo Municipal josefino este miércoles, por medio de una carta, pese a que reconoce que “encuentra varios vacíos legales” sobre la medida y dice estar convencido de “que el principio de inocencia debe prevalecer y ser respetado en todo el proceso judicial”.
Araya insistió en que él no es un subalterno del Concejo Municipal, pero que al conocer el oficio enviado por la Contraloría General de la República (CGR) a los ayuntamientos de los alcaldes investigados por la presunta corrupción de obras públicas cantonales, prefiere no “exponer” a los regidores municipales que están de acuerdo en mantener su remuneración económica mensual, que es de ¢5,7 millones, de acuerdo con información del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS (Sicere), con corte a julio del 2020.
“El día de hoy (miércoles) he enviado un oficio al Concejo Municipal de San José en el que le solicito se tome el acuerdo de suspender el pago de mi salario mientras dure la suspensión que ha ordenado el Juzgado Penal (...). Conozco múltiple jurisprudencia que reafirma el carácter bifronte de los gobiernos locales en donde existen dos órganos de gobierno, uno colegiado que es el Concejo y otro unipersonal que es el alcalde, y no existe una relación de subordinación entre ellos, razón por la cual no se puede interpretar que el alcalde sea subordinado del Concejo Municipal.
“Sin embargo, he conocido un oficio que envió el día de ayer (martes) la Contraloría General de la República a todos los Concejos Municipales de las municipalidades a las que pertenecemos los alcaldes que estamos siendo investigados, que establece que la suspensión ordenada debe ser sin goce de salario. En este caso no es de ninguna manera mi intención exponer a los regidores municipales que solidariamente han querido mantenerme la remuneración y soy absolutamente respetuoso de lo ordenado por el ente controlador. Eso sí, sigo absolutamente convencido de mi inocencia y demostrarlo será la prioridad más importante que ahora tengo en mi vida”, aseguró Araya.
El alcalde de la capital también recordó que los seis meses de suspensión dispuestos por el Juzgado Penal de Hacienda son una medida apelada por sus defensores, Alfonso Ruiz Ugalde y Federico Campos Calderón, por lo que debe realizarse una segunda audiencia. Empero, el Poder Judicial indicó a La Nación que esta situación no es un obstáculo para que se discuta la suspensión del salario de los funcionarios públicos investigados.
Esa entidad aclaró que los recursos presentados por los abogados no tienen “efectos suspensivos” sobre lo resuelto el viernes pasado por el Juzgado Penal de Hacienda; es decir, dichas medidas se encuentran totalmente vigentes y cambiarían únicamente si el juez de Apelación resuelve algo contrario.
Entonces, en amparo al artículo 256 del Código Procesal Penal, los Concejos Municipales pueden entrar a conocer y resolver si los investigados mantienen o no su salario durante el tiempo que dure la suspensión del cargo.
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Información actualizada a las 3:01 p. m.
