EscucharEl Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinó que los seis alcaldes investigados por presunta corrupción en obras viales cantonales permanecerán suspendidos de sus cargos por al menos seis meses, mismo periodo en el que no podrán salir de Costa Rica, así como tampoco comunicarse con testigos ni acercarse a los ayuntamientos.
En la resolución no se tocó el tema del salario, por lo que cada Concejo Municipal deberá definir si se trata de un cese temporal con o sin goce de una remuneración económica.
Los jerarcas que deberán cumplir estas medidas son Johnny Araya Monge, alcalde de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
A ellos, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) les señala como sospechosos de favorecer a la empresa MECO en licitaciones para obras públicas a cambio de dádivas u otras retribuciones; sin embargo, todos han negado los cargos y afirman ser inocentes. Este mismo viernes sus abogados plantearon una apelación por las medidas impuestas.
Por su parte, los cinco funcionarios municipales que también figuran como imputados, dos de Golfito (Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga), uno de Escazú (Boraschi González), otro de Alajuela (Chacón Ugalde) y uno más de San José (Castro Camacho), deberán cumplir con las mismas medidas cautelares alternas a la prisión preventiva que los alcaldes y será con un proceso administrativo que se decida su situación salarial.
Finalmente, la jueza Julissa Jiménez también determinó que el empresario Daniel Cruz Porras, de Explotec, deberá permanecer en Costa Rica y no tener contacto con testigos del caso ni acercarse a municipalidades, mientras que el gerente de la Planta Asfáltica de MECO, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, pasará un semestre con arresto domiciliario, impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con testigos y de acercarse a municipalidades.
La Fiscalía informó de que apelaron la resolución en el caso de Gutiérrez, ya que pretenden que este descuente prisión preventiva. Asimismo, presentaron un recurso para que los 12 funcionarios públicos deban firmar una vez al mes en un despacho judicial.
El lunes anterior, la FAPTA y el OIJ desplegaron 40 allanamientos en diferentes partes del país, como parte de una investigación que revela la presunta existencia de una organización criminal que ha permitido a MECO obtener al menos 15 licitaciones de manera irregular.
Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, indicó el lunes pasado que esta investigación, denominada Operación Diamante, comenzó en abril del 2019 y se extendió hasta agosto del 2021. “Esta actividad conjunta pretende desentrañar y esclarecer hechos de corrupción. Diversos funcionarios se vincularon con MECO para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, el pago adelantado de facturas, el inicio anticipado de obras públicas y la realización de una serie de actividades que son eventualmente constitutivas de delito.
“Las municipalidades operan por separado, el punto concéntrico de la actividad es la empresa MECO, que es la que participa en las licitaciones, la que genera acomodos en los carteles, la que hace sugerencias, la que cancela dádivas y las municipalidades funcionan como puntos de interés, como áreas en las que se puede obtener dinero más allá del que produciría normalmente una licitación”, dijo Espinoza.
El fiscal Glen Calvo indicó ese mismo día que, aparentemente, hubo pago de dádivas a funcionarios públicos, entre estas construcciones en viviendas, dinero en efectivo, vehículos y favores de otra índole que no especificó.
Información actualizada a las 10:29 p. m. con más datos.
