El Halabi no son dos apellidos comunes en Costa Rica, pero desde el martes anterior aparecen constantemente en medios de comunicación, ya que un ciudadano libanés con residencia en territorio nacional fue detenido y vinculado con el líder de una banda que, presuntamente, se dedica al lavado de dinero.
Se trata de un modesto comerciante que habita en Pérez Zeledón, San José, desde hace varios años y que, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se convirtió en un aliado de Segura Angulo, un sujeto de 47 años al que las autoridades atribuyen el liderazgo de una agrupación desestructurada como parte del llamado Caso Fénix. “Esta persona de origen libanés tiene varios años de estar en el país y ahora es empleado de confianza de Segura”, indicó la Policía Judicial ante consulta de La Nación.
Precisamente, El Halabi es una de las 10 personas que indagó la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial como parte de esta investigación, la cual sigue en desarrollo dentro del expediente 19–000082–1322–PE.
Aunque a nombre de este extranjero de 48 años solo aparece en el Registro Nacional un vehículo marca Mitsubishi Outlander, año 2008, se dice que es dueño de múltiples negocios en el cantón pesetero, entre ellos un lubricentro llamado Inversiones Ghaida Halabi S. A., en el que según la descripción del perfil de Facebook del negocio se dedican a “venta, reparación e instalación de llantas y aros, cambio de aceite y mecánica rápida”.
La sociedad anónima de este comercio no tiene como integrante al foráneo, pero incluso las autoridades hacen referencia al “negocio del libanés”. A nombre de dicha corporación aparecen ocho automotores, con años entre el 2009 y el 2020, y de diferentes marcas.
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Entradas y salidas de Costa Rica
Por otra parte, La Nación consultó a la Dirección General de Migración y Extranjería por los registros migratorios de El Halabi. Al respecto, dicha dependencia indicó que tiene referencias con ese nombre o uno muy similar pero “con diferente número de documento de viaje”, los cuales permitirían presumir que el primer ingreso a Costa Rica de este hombre fue en mayo del 2001.
A partir de entonces se cree que estuvo en suelo tico al menos hasta junio del 2015, cuando se documentó una breve salida, ya que en agosto de ese mismo año volvió a ingresar. Posteriormente, salió en agosto del 2017 para regresar en octubre y repitió su salida en diciembre del 2018, en ese momento estuvo menos de un mes fuera, ya que volvió a entrar en enero del 2019. Desde entonces no se registran más movimientos migratorios por puestos fronterizos.
Hasta ahora el papel específico de este libanés dentro del grupo no ha sido explicado por las autoridades, esto “en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”. Lo cierto es que junto a él, fueron indagadas otras nueve personas apellidadas Chacón Vargas, Arias Campos, Fallas Cedeño, Granados Ulloa, Godínez Miranda, Soto Riggioni, Rojas Robles, Barrantes Fallas y Calderón Ulloa.
A ellos y a otras cuatro personas que aún no han sido localizadas se les atribuye ser parte de una organización que, al parecer, aprovechaba “las ganancias obtenidas del narcotráfico para adquirir bienes, ocultar su verdadera naturaleza, así como el origen y destino de estos”. Aparentemente, también constituyeron y utilizaron “diferentes locales y sociedades comerciales a fin de ocultar la ilicitud del dinero”.
Las cuatro personas que son buscadas por el OIJ son el presunto líder de la agrupación, de apellidos Segura Angulo, conocido como Nariz (47 años); su compañera sentimental, Chacón Vargas (39), así como dos sujetos que, supuestamente, forman parte de sus principales aliados, apellidados Garro Núñez (42) y Núñez Jiménez (37).
Revisión de protocolos
Este jueves, por medio de su oficina de prensa, el Ministerio Público indicó a este diario que “es un hecho notorio la fuga de los principales objetivos del operativo” del Caso Fénix, por lo que “se revisarán los protocolos policiales a efectos de establecer si algo falló”.
“De acuerdo con el despacho, esta situación siempre representa un riesgo en investigaciones de esta magnitud, en las que, pese a manejarse con profesionalismo y sigilo, participan gran cantidad de personas, en este caso particular, más de 600″, puntualizó la institución.
Por otra parte, este jueves se realizaron dos subastas del ganado decomisado el martes anterior en los allanamientos y se prevé que este viernes haya otra más. El dinero obtenido por la venta de los animales, se invierte y luego el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) solo puede utilizar los intereses, ya que el principal debe quedar resguardado hasta que se dé un sentencia en firme.
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