EscucharAdultos mayores extranjeros, que no vivían en Costa Rica, eran las víctimas predilectas de una banda dedicada a cometer estafas registrales. La causa, conocida como Caso Madre Patria, evidencia que esta organización se aprovechaba de que sus víctimas no estaban en nuestro país para suplantarlas y luego vender e hipotecar sus propiedades.
Posteriormente, algunos de los integrantes del grupo invertían el dinero en servicios de transporte público, criptomonedas y en la compraventa de vehículos de alta gama, según consta en el expediente 22-0050180042-PE, del cual La Nación tiene copia.
Por este asunto, 36 personas, entre ellas dos ciudadanos españoles, cabecillas de la organización, abogados, notarios, policías de tránsito, un juez penal y tres funcionarios judiciales más fueron detenidos el martes anterior, luego de 47 allanamientos simultáneos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
Once de los sospechosos quedaron en libertad, sujetos al proceso penal, y los otros 25 están a la espera de que concluya la audiencia de medidas cautelares. A todos se les investiga por asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.
En un primer avance de la investigación, que data de setiembre del 2022, los agentes de la sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirman que las víctimas son adultos mayores, algunos con limitaciones cognitivas o bien con indicadores de vulnerabilidad, que no tenían ningún interés de vender o hipotecar sus bienes inmuebles.
Además, las fincas seleccionadas por los presuntos estafadores están ubicadas en sitios de alta plusvalía, donde pueden desarrollarse residencias o proyectos turísticos.
En ese documento se analizan siete casos en investigación, del periodo diciembre 2020 a julio del 2021, donde los afectados son ciudadanos canadienses, estadounidenses, una colombiana, un iraquí y una costarricense. El perjuicio patrimonial estimado solo en estos hechos ronda $1 millón (¢534 millones), aunque los investigadores estiman que las ganancias derivadas de las estafas son mucho mayores.
A partir de estas primeras diligencias, el OIJ detecta la presunta participación en los ilícitos de dos ciudadanos españoles: Fernando Gómez González y Anai León Muñoz, las compañeras sentimentales de ambos, Karina García Núñez y Andrea Jiménez Arias, respectivamente; y cinco abogados y notarios públicos: dos hermanos Jonathan y Abraham Chaves Arias, Jacqueline Mora Bonilla, Lidia Castro Segura y Mauricio Martínez Parada. Abraham Chaves y Mauricio Martínez permanecen en fuga.
Todos tienen expedientes previos al Caso Madre Patria, en los que fueron investigados por delitos como extorsión, falsedad ideológica, estafa, apropiación y retención indebida, fraude registral, falsificación de documentos públicos y robo agravado.
Modus operandi
En setiembre del 2021, dos abogados acudieron al OIJ a denunciar trámites irregulares relacionados con la propiedad que habían comprado juntos los estadounidenses Mark Robert Stendel, de 69 años y Thomas Jay Steenbook, de 57 años, en Guanacaste, en agosto de 1999.
En el 2021, cuando los ofendidos se disponían a donar la propiedad se dieron cuenta que Karina García (esposa de Fernando Gómez) contaba con un poder que le permitió hipotecar la finca por $45.000 ante el abogado Martínez Parada, indica el expediente judicial.
Además, en enero del 2021, según la pesquisa, la notaria Jacqueline Mora habría incorporado en su protocolo que Stendel vendió su derecho de la finca a la sociedad JRR Soluciones de Costa Rica; sin embargo, al momento de los movimientos, ninguno de los extranjeros estaba en nuestro país.
En otro caso aparte, en agosto del 2021 un abogado, en representación del iraquí Nabil Faik Obayda, acudió a la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen para denunciar que en marzo de ese mismo año la notaria Jacqueline Mora, mediante “escritura falsa”, dejó constancia de que Obayda había comparecido a su despacho para vender la propiedad que había comprado desde 1981, en Heredia.
Empero, para la fecha de esa supuesta venta, el iraquí no estaba en Costa Rica. En el documento, además, se consigna erróneamente la nacionalidad del afectado, pues se cita que es español.
Según este primer informe de investigación, es frecuente encontrar inconsistencias en las escrituras, por ejemplo, errores en las nacionalidades de los afectados, datos de pasaportes vencidos o que se consigna que la persona que vende está en el país; no obstante, los registros migratorios confirman lo contrario.
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El origen
De acuerdo con el expediente 22-0050180042-PE, este caso empezó a desarrollarse en febrero del 2022, cuando una fuente confidencial le informó al OIJ sobre la existencia de una organización que, presuntamente, legitimaba dinero comprando vehículos y propiedades caras, creando negocios “fachada” y manejando cifras de hasta ¢200 millones en efectivo.
Agrega la fuente que el origen de esos dineros proviene de una gran cantidad de estafas, falsedades ideológicas y usos de documentos falsos para despojar a los ofendidos de propiedades de alto valor de mercado. Cita que los españoles se hacían pasar por empresarios y eran quienes manejaban “un caudal de dinero sumamente amplio”.
