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La banda dedicada al fraude registral, legitimación de capitales y falsedad ideológica, desarticulada este martes, estaría vinculada con el homicidio de Manuel Álvarez Méndez, un ciudadano español de 77 años.
Álvarez viajó a Costa Rica en enero de 2018 porque sus abogados le advirtieron que sus propiedades eran vendidas sin su permiso, según comentó uno de sus hermanos en aquel entonces. Sin embargo, un mes después, se perdió su rastro.
La organización está liderada por dos españoles identificados con los apellidos Gómez y León, de 42 y 41 años, respectivamente. Además de ellos, otras 34 personas, entre ellas cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales, fueron capturados mediante 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
La presunta relación de esta banda con el homicidio de Álvarez fue expuesta por el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, en una conferencia de prensa este martes.
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“Tuvo un problema con este grupo que estamos desarticulando por un tema de fraude registral (...). Encontramos el cráneo de esta persona, hace unos años, con heridas que sugieren una muerte homicida (...). Hay una correlación: es un español y los cabecillas son españoles, hay un tema de fraude registral de por medio y es una muerte homicida”, explicó Zúñiga.
El jefe policial destacó que no puede referirse más al caso, ya que aún faltan algunos “puntos por determinar”.
Según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería, Manuel Álvarez ingresó a Costa Rica por primera vez en abril de 2004. Según su hermano, tenía restaurantes en San Francisco, California (Estados Unidos) y se dedicaba a bienes raíces. Constantemente viajaba entre Costa Rica, México, Estados Unidos y España.
Los familiares desconocen cuántas propiedades poseía en Costa Rica; según las autoridades, podrían ser hasta 17 fincas ubicadas en La Garita y Tambor de Alajuela, San Rafael de Poás, Aguas Zarcas de San Carlos, Santa Ana, Escazú, Goicoechea y Nicoya. Cuando venía al país, residía en una casa situada en La Garita de Alajuela.
Caso Madre Patria
En un video dirigido a la prensa, el jefe de la Policía Judicial explicó que el nombre del caso –investigado desde hace dos años y medio– está relacionado con la nacionalidad de los cabecillas de la organización criminal. En Hispanoamérica, la expresión “madre patria” se refiere a España.
Zúñiga mencionó que la organización utilizaba varias modalidades para cometer fraudes registrales. Una de las más comunes era la obtención de propiedades en desuso. “Se las roban registralmente y después las vendían a otras personas”, comentó.
El jefe policial añadió que el grupo criminal se aprovechaba de la desafiliación de personas jurídicas de las sociedades por ley, estableciendo un liquidador para vender propiedades y bienes a nombre de esas sociedades, como fincas, vehículos y autobuses.
Zúñiga afirmó que se trata de una operación de crimen organizado. Mencionó que aseguraron 25 propiedades hasta el momento, pero durante la investigación descubrieron más de 100 propiedades que fueron robadas. Además, en las conversaciones intervenidas, los sujetos mencionaron más de 300 propiedades obtenidas ilegalmente a través de estos métodos.
Reveló que la organización criminal contaba con la colaboración de 12 notarios y varios expertos en criptomonedas. Estos especialistas transaron hasta $13 millones en bitcoins en un solo día, mientras que los notarios facilitaban trámites relacionados con los bienes.
Los policías de Tránsito y un funcionario del CTP elaboraban infracciones para beneficiar a la estructura criminal; mientras que, entre los funcionarios judiciales implicados, se encuentran un juez de Desamparados y técnicos de archivo criminal y judicial, quienes facilitaban las operaciones de los criminales.
En los allanamientos se capturó a 35 sospechosos y se decomisaron un arma de fuego y numerosos relojes de alta gama en la casa de Gómez, en Belén de Heredia.
