EscucharEl Ministerio Público solicitó este lunes un año de prisión preventiva para 24 de los 36 investigados en el megacaso denominado Madre Patria, confirmaron los abogados defensores, Rafael Rodríguez y William Anderson. Al grupo se le atribuye la conformación de una red criminal dedicada al delito de fraude registral y lavado de dinero.
La petición se realizó durante la audiencia de medidas cautelares, donde estaban presentes 30 de los implicados.
Según Anderson, la Fiscalía propuso medidas diferentes a la prisión preventiva para cinco oficiales de Tránsito y un funcionario del Consejo de Transporte Público. Para ellos, el órgano acusador solicitó la suspensión de sus cargos y que se presenten a firmar cada 15 días al Juzgado Penal de Hacienda.
La Nación envió consultas a la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada pero esta se limitó a informar que la audiencia que se inició el viernes continuaba en desarrollo.
Según dijo, estaba previsto que la defensa técnica de los imputados iniciara su exposición por la tarde de este lunes, sin que se conociera cuánto tiempo más se extendería.
La semana pasada trascendió que faltaban por localizar cuatro de los 40 involucrados, mientras que seis de los 36 detenidos quedaron en libertad.
La organización que se investiga en el caso Madre Patria
Según informaciones dadas a conocer hasta este momento, la supuesta organización tenía varios años de operar con la participación de notarios, un juez penal y tres funcionarios judiciales más. Supuestamente, el grupo buscaba víctimas preferiblemente adultas mayores extranjeras que no vivían en Costa Rica, para suplantarlas y luego vender e hipotecar sus propiedades.
Según consta en el expediente 22-0050180042-PE, del cual La Nación tiene copia, algunos de los integrantes del grupo tenían el rol de invertir el dinero en servicios de transporte público, criptomonedas y en la compraventa de vehículos de alta gama, para legitimarlo.
En un primer avance de la investigación, que data de setiembre del 2022, los agentes de la sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron que las víctimas son personas mayores, algunas con limitaciones cognitivas o bien con indicadores de vulnerabilidad, que no tenían ningún interés de vender o hipotecar sus bienes inmuebles.
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Además, las fincas seleccionadas por los presuntos estafadores están ubicadas en sitios de alta plusvalía, donde pueden desarrollarse residencias o proyectos turísticos.
A partir de estas primeras diligencias, el OIJ detecta la presunta participación en los ilícitos de dos ciudadanos españoles: Fernando Gómez González y Anai León Muñoz; las compañeras sentimentales de ambos, Karina García Núñez y Andrea Jiménez Arias, respectivamente; y cinco abogados y notarios públicos: dos hermanos, Jonathan y Abraham Chaves Arias, Jacqueline Mora Bonilla, Lidia Castro Segura y Mauricio Martínez Parada. Abraham Chaves y Mauricio Martínez permanecen en fuga.
Todos tienen expedientes previos al Caso Madre Patria, en los que fueron investigados por delitos como extorsión, falsedad ideológica, estafa, apropiación y retención indebida, fraude registral, falsificación de documentos públicos y robo agravado.
