Las pruebas dentales que vinculan a dos imputados con el crimen de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrido el 20 de julio del 2020 en Quepos de Puntarenas, volvieron a ser un tema central en la audiencia de apelación realizada este martes en los Tribunales de San José.
Uno de los dos abogados de la familia de Cedeño, Juan Marcos Rivero, reiteró que estas pruebas demuestran que Harry Bodaan, dueño del hotel donde ocurrió el crimen, y Luis Carlos Miranda, quien estaba hospedado haciendo un trabajo de marketing, mordieron a Cedeño antes de asesinarla.
Bodaan y Miranda fueron absueltos por duda el 21 de abril pasado en el Tribunal de Goicoechea, mientras que el exempleado del Hotel La Mansion Inn, Teodoro Herrera, fue condenado a 50 años de cárcel por violación calificada y homicidio calificado, pues los jueces sí le dieron credibilidad a la prueba de ADN de Herrera que se encontró en el cuerpo de la víctima.
En cambio, el Tribunal Penal no consideró como suficientes las pericias odontológicas, que mostraban que las mordidas de Bodaan y Miranda coincidían con marcas encontradas en el brazo y seno de Cedeño. Durante el juicio, el mismo odontólogo forense José Manuel Fernández, explicó que esas pruebas no eran concluyentes, sino que simplemente no se podía descartar a los dos imputados como posibles mordedores.
Sobre esto, Rivero expuso que el día del crimen, solo había una cantidad reducida de personas en el hotel, y señaló que “si estamos totalmente seguros de que no hay nadie más en el momento de los hechos, y si solo esas personas (Bodaan y Miranda) coinciden de haber sido las que mordieron a la doctora, entonces concluir que no se sabe quién la mordió resulta, primero que nada, absurdo”.
El abogado también rebatió la decisión del Tribunal Penal de admitir una actividad procesal defectuosa planteada por el abogado de Miranda, Erick Gatgens. El defensor reclamó violaciones procesales en contra de su cliente cuando le tomaron las muestras dentales, pues no había un abogado presente.
Rivero afirmó que Miranda había firmado un consentimiento informado, y que ese tipo de gestión no requería la presencia de un abogado.
El Tribunal también escuchó las tesis de apelación de la fiscala Grettel Rosales y de otros tres abogados.
Margot Arguedas, abogada de Herrera, busca que su representado quede absuelto y para eso retomó argumentos usados en el juicio que implicaban a Bodaan con el crimen, como que en la casa de él había objetos que pudieron haber provocado las lesiones en los genitales de la doctora.
La defensora aseguró que existieron varios errores en la investigación, por ejemplo, que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) definió la hora del asesinato con base en el relato de Bodaan, y que la escena fue contaminada por agentes que estuvieron allí antes de que llegara el juez.
Por su parte, el defensor de Bodaan, José Miguel Villalobos, se dedicó a responder los argumentos de Rivera y de Arguedas, y no profundizó en la apelación que había presentado Hugo Navas, el abogado anterior de Bodaan, en la que pretende que el empresario quede absuelto por certeza y no por duda.
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Asimismo, apeló Mauricio Brenes, abogado del Hotel Oceans Two (anteriormente La Mansion Inn), el cual junto a Herrera fue condenado a pagar ¢795 millones por daño material, ¢80 millones por daño moral y otros ¢53 millones por daño moral a la víctima, en favor de los padres y hermanos de la víctima.
Brenes afirmó que no había prueba de que Cedeño ganara salario de jefa de anestesiología del Hospital CIMA, tal y como lo acreditó el Tribunal Penal para definir el monto a pagar por los daños a la familia. Agregó que la sociedad Oceans Two fue condenada erróneamente por ser dueña de la propiedad al momento del asesinato, cuando en realidad el sitio estaba en posesión del Banco Improsa.
En la audiencia estaban presentes también Miranda y su abogado Gatgens, pues aunque no apeló, el recurso de apelación lo involucra a él como imputado.
Aunque la audiencia estaba programada para terminar el miércoles, todas las partes presentaron sus argumentos este martes, por lo que ahora solo quedan a la espera de lo que resuelva el Tribunal de Apelación, integrado por las juezas Maureen Sancho González y Hannia Soto Arroyo y el juez Raúl Madrigal Lizano.