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Este lunes comenzó en la sala número uno del Tribunal Penal de San José, el juicio por una supuesta estafa millonaria cometida en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante facturas por insumos médicos.
Esos cobros supuestamente fueron realizados entre el 2009 y 2011 por la empresa Synthes, proveedora de los equipos; no obstante fueron denunciados en el 2014.
Los imputados son el empresario de origen cubano Lorenzo Castaño Suárez, quien era el encargado de las relaciones comerciales de la compañía; Johan Masís Arrieta, vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago; y Edwar Aguilar Alcócer, vendedor de la firma.
A Castaño se le atribuyen 100 delitos de estafa en concurso material con 100 delitos de falsedad ideológica, todos contra la Caja.
Masís y Aguilar, por su parte, son sospechosos de dos supuestos delitos de estafa y un presunto delito de estafa en grado de tentativa contra la CCSS. Ambos en modalidad de concurso material.
Más de mil hechos acusados
Este lunes, la Fiscalía comenzó con la exposición de sus acusaciones en contra de los sospechosos; sin embargo, como consta de cientos de hechos, la institución aseguró que la lectura se prolongará durante “varios días de esta semana".
Recalcó que se tratan de 624 hechos correspondientes al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y de 422 hechos ocurridos en el Hospital Max Peralta.
Según comunicó la Fiscalía, extrajeron una muestra de las facturas secuestradas de ambos centros de salud.
En el caso del hospital josefino, se acusaron 68 facturas irregulares: algunas de esas facturas no fueron pagadas por la CCSS, pero se estima que el perjuicio económico fue de $28.878 (unos ¢14 millones).
Mientras que por las facturas que sí fueron pagadas a la compañía se calculó un perjuicio de $61.991 (unos ¢33 millones).
Por lo ocurrido en el Calderón Guardia se acusó a Castaño y a Aguilar, aseguró el Ministerio Público.
Por su parte, del muestreo del Max Peralta, se acusaron 60 facturas, las cuales habían sido pagadas en su totalidad por la Caja a la empresa. El perjuicio económico determinado, en ese sentido, fue de $38.441, equivalentes a cerca de ¢20 millones.
Por esos hechos, se acusó a Castaño y a Masís.
Se está previsto que este debate, que contará con al menos 100 testigos, llegue a su fin el 14 de agosto, informó el Ministerio Público.
De los tres imputados, solo Castaño descuenta prisión preventiva desde abril del 2019. Él se había fugado de la justicia costarricense, por lo que la Fiscalía había solicitado una orden de captura internacional en su contra.
A raíz de eso, Estados Unidos lo detuvo y deportó.
El caso
Las supuestas estafas ocurrieron en el Hospital Calderón Guardia y en el Max Peralta de Cartago entre el 2009 y el 2011, cuando se detectaron supuestas anomalías en la tramitación de facturas por la compra de aparatos para operaciones de Ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera.
Sin embargo no fue hasta el 2014 que el caso trascendió.
En ese momento se dio a conocer que, al parecer, hubo procedimientos que no se hicieron, pero se cobraron o intentaron cobrar; pacientes que nunca entraron a quirófano o eran de otras especialidades distintas a Ortopedia, e incluso se reportó que personas fallecidas recibieron dispositivos.
Por esos hechos, William Rodríguez, abogado de la CCSS, adelantó que reclamarán $6 millones por todo el daño causado.
