EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) reclamó $10 millones por daño social a los imputados en uno de los expedientes del caso conocido como cemento chino, en el que se investigan presuntas irregularidades con un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica a la firma Sinocem Costa Rica, del empresario Juan Carlos Bolaños.
“La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, el día viernes 29 de julio de 2022, interpuso escritos de querella y acción civil resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria n° 16-13-33-TP, seguido en la Fiscalía General de la República, contra altos funcionarios del Banco de Costa Rica y 3 sujetos particulares”, anunció la PGR este miércoles.
“Se demandó civilmente a los imputados y a cuatro personas jurídicas, para que solidariamente sean condenados el resarcimiento del daño social ocasionado con dichos hechos ilícitos, y que asciende a una suma prudencial de $10 millones (¢6.780 millones, al tipo de cambio actual) así como al pago de intereses y las costas del proceso”.
Según la PEP, los hechos querellados constituyen los delitos de: tráfico de influencias en la obtención de un crédito revolutivo para Sinocem Costa Rica S.A. (empresa de Juan Carlos Bolaños); peculado por la distracción de fondos públicos girados por parte del BCR a Sinocem, a pesar de conocer que no estaba cumpliendo el plan de inversión del crédito para comprar cemento; e influencia en contra de la Hacienda Pública, por beneficiar ilícitamente al sujeto privado y su grupo de interés económico.
Asimismo, la entidad señaló a los acusados por receptación, legalización o encubrimiento de bienes para los sujetos particulares, por introducir en el mercado financiero costarricense fondos ilícitos provenientes del delito de peculado.
“El siguiente paso en el proceso consiste en recabar un peritaje por daño social peticionado por la representación estatal, para determinar pericialmente el monto del daño social producto de los hechos delictivos señalados, lo cual se realizará en la Fiscalía General”, detalló la PGR.
Una vez la Fiscalía comunique a los imputados sobre las querellas y las acciones civiles resarcitorias a los demandados civiles, el expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en el Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, para señalar la audiencia preliminar.
En esta audiencia, se analizará la posibilidad de aplicar salidas alternas al proceso, el procedimiento especial abreviado o realizar el examen de la acusación, querellas y acciones civiles para determinar si se eleva el caso para ser conocido en un juicio oral y público.
El caso en detalle
En julio, la Fiscalía acusó al empresario Bolaños de 28 delitos, luego de que la Unidad Especializada de la Fiscalía General detallara el 13 de julio que había finalizado la investigación desarrollada dentro del expediente 16–000013–0033–TP.
Bolaños es sospechoso por: 11 presuntos delitos de peculado, ocho de aparente receptación, legalización o encubrimiento de bienes; tres por el supuesto uso de documento falso, otros tres de influencia sobre la hacienda pública y tres más por captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
Dentro de esta causa también figuran como acusados otros dos empresarios de apellidos Cortés Zúñiga y Rojas Segura, así como seis personas que para el momento en el que abrió la investigación, en el 2017, trabajaban en el BCR.
Se trata de Leonardo Acuña Alvarado (subgerente de Finanzas y Riesgos), Gilberth Barrantes Campos (gerente corporativo de Riesgos y Control Interno), Marvin Corrales Barboza (subgerente de Banca Minorista), Paola Mora Tumminelli (expresidenta del BCR), Rodrigo Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Crédito) y Andrés Víquez Lizano (exsubgerente de Banca Mayorista).
Por su parte, las cuatro personas jurídicas investigadas son Sinocem, Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A. y JCB Distribuidora S.A.
Este asunto comenzó a ser investigado después de que el 29 de setiembre del 2017, La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al BCR las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.
Por separado, esas dos entidades le giraron $13,8 millones en total a compañías de Bolaños para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016. El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.
