EscucharLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a la Corte Plena del Poder Judicial que la elección del fiscal general, que culminará el próximo lunes, se realice de forma “transparente, participativa y en cumplimiento a los estándares internacionales”.
El llamado también incluye los procesos de selección de las cuatro magistraturas vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
La CIDH indicó, en un comunicado divulgado este viernes, haber notado desafíos en el actual proceso de elección de fiscal general, iniciado desde agosto del 2021 tras la jubilación temprana de Emilia Navas, y demorado por apelaciones de uno de los candidatos.
Según la CIDH, en la Comisión de Nombramientos de la Corte se notó falta de publicidad de documentos relacionados con las evaluaciones y calificaciones asignadas a las personas candidatas, así como en la metodología y los criterios de evaluación de las entrevistas realizadas.
La entidad también hizo un señalamiento por “la consideración de criterios que no están relacionados con la capacidad profesional, como la nacionalidad y edad; entre otros”.
Por otro lado, la CIDH rescató que la elección de fiscal general se realizará de forma pública, tal y como ya se había hecho en el 2018. Asimismo, aplaudió la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la elección de magistrados en la Asamblea Legislativa también sea pública.
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Concordancia
Estos señalamientos de la CIDH van de la mano con el informe del Foro de Justicia de Costa Rica, una entidad compuesta por diferentes organizaciones enfocadas en monitorear el funcionamiento del Poder Judicial, que también mencionó algunas falencias en este proceso, en un informe publicado en junio pasado.
Este panel independiente indicó que los magistrados no tomaron en cuenta las notas otorgadas a cada candidato en el proceso de preselección. Estas notas se calcularon con el cumplimiento de requisitos mínimos, experiencia laboral, experiencia en supervisión de personal y estudios universitarios complementarios. A esto se le añade el puntaje obtenido en la entrevista con la Comisión de Nombramientos.
Luego de las entrevistas, realizadas a 19 candidatos, el panel concluyó que “no existe evidencia de que existieran parámetros de evaluación compartidos por quienes integraron la Comisión de Nombramientos, o si cada integrante estableció sus propios criterios de calificación, o incluso si la asignación de puntaje a la entrevista fue realizada de forma subjetiva o arbitraria”.
Inicialmente, la nómina se redujo a 11 aspirantes. Al respecto, el Foro había observado que seis de los ocho eliminados tenían altos puntajes en la fase de preselección. Es decir, “la mayor parte del grupo excluido no está formado por quienes contaban con calificaciones inferiores en la fase anterior, sino de entre quienes tenían calificaciones medias y altas”.
Según el panel, las preguntas formuladas en las entrevistas eran “inconducentes o inadecuadas” para identificar las aptitudes o habilidades necesarias para ser fiscal general. También determinaron que las preguntas eran confusas y direccionadas hacia una determinada respuesta.
Posteriormente, a inicios de octubre, la Corte Plena acordó revivir las candidaturas de nueve personas que ya habían sido descartadas. Con esta decisión, aumentó de nuevo a 20 el número de aspirantes al cargo.
Ante consulta de La Nación, el departamento de prensa del Poder Judicial indicó que “el concurso para la elección de Fiscal General de la República ha sido público en todas sus fases, la Dirección de Gestión Humana ha mantenido la actualización del mismo en la página web del Poder Judicial, la información sobre las personas que se postularon ha sido de acceso público”.
La institución aseguró que el concurso se ha apegado a las disposiciones normativas vigentes, y que el Poder Judicial “es respetuoso de las posiciones que personas y agrupaciones han externado en relación con este proceso”.
