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El juicio contra el exministro de Vivienda Fernando Zumbado y su jefa de despacho, Giselle Hay, comenzó este lunes en el Tribunal Penal de Hacienda, en Goicoechea.
Zumbado está acusado por el Ministerio Público de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y reconocimiento de beneficios laborales, mientras a Hay se le achaca enriquecimiento ilícito.
La acusación de la Fiscalía de Probidad y Transparencia se relaciona con la contratación de una consultoría que hizo en el 2007 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Hay, dentro del proyecto “Mejoramiento barrial y gestión de programas sociales innovativos”. Los fondos eran parte de una donación de Taiwán por $1,5 millones.
El Ministerio Público sostiene que a la funcionaria se le pagaron $7.400 por la consultoría, mientras percibía al mismo tiempo su salario como jefa de despacho en el Ministerio de Vivienda. Además, asegura que Hay continuó con las labores que hacía como jefa del despacho aun cuando empezó a laborar para el BCIE.
En esta causa están actuando como querellantes la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR).
Los jueces encargados del caso son Franz Paniagua, Rocío Pérez y Gustavo Jiménez.
Mientras tanto, por el Ministerio Público el representante es Jeffrey Gonzaga.
Primer testigo. Este martes declaró el primer testigo ofrecido por la Fiscalía en este proceso.
Se trata del auditor general del Ministerio de Vivienda, Gerardo Adolfo Rojas.
Al responder las consultas del fiscal, el auditor recordó que cuando se dio a conocer que el Ministerio era beneficiado con la donación de Taiwán, él tuvo dudas de si se trataba de fondos públicos o privados, por lo cual consultó a la CGR.
En aquel momento, la Contraloría le respondió que eran fondos privados, aunque, tiempo después, determinó que eran públicos.
Rojas también señaló que dudó de si “una funcionaria que es pagada con fondos privados puede hacer tareas de la función pública”, al tiempo que aseguró que Hay realizaba labores propias de la jefa de despacho luego de ser contratada por el BCIE.
No obstante, Rojas dijo no recordar cuál fue el criterio de la asesora legal, Karla Rodríguez. Ella está llamada a comparecer hoy.
Defensa. Javier Blandino, defensor de Zumbado, afirmó que la jefa de despacho ya había cesado sus labores como funcionaria cuando empezó con la consultoría del BCIE.
“Sin embargo, siendo consultora, ayudó con funciones del despacho, pero solo algunas, nunca hizo superposición y no recibió remuneración adicional”, manifestó el abogado.
Similar explicación brindó el exministro Zumbado, quien dijo: “La persona trabajó más de la cuenta, es una persona que asumía funciones que le daba yo, pero cumplió con todos los términos de la consultoría, se le dio una oportunidad, porque se lo merecía. Yo no sé en qué país vivimos, a alguien se le paga por trabajar el doble y se le culpa por eso”, expresó Zumbado.