Hilary ya no podía más con la relación de noviazgo que mantenía con un sujeto de apellidos Badilla Ruiz. Sus constantes agresiones físicas y emocionales terminaron por desgastarla y ya no quería estar con él.

En su afán de buscar apoyo, fue a la casa de su hermana a eso de las 8 p. m. del 30 de noviembre del 2019, para contarle que los problemas entre ellos habían llegado tan lejos que el hombre la había amenazado de muerte en varias ocasiones.

El consejo era el esperado: debía dejarlo definitivamente y así ponerse a salvo tanto ella como sus dos hijos, de cuatro y siete años en ese momento. Tres horas y media después, Hilary se despidió de su hermana y tomó rumbo hacia su vivienda. Eso sí, iba decidida a terminar esa relación que mantenía desde hacía cuatro meses.

Pocas horas después, su entonces novio llegó a la casa en la que convivían en Pavas, San José, y cuando ella le indicó que ya no quería seguir con él, su reacción fue mortal.

“El hombre que vivía con mi mamá (...) quería ‘enclonarse’ unas pastillas y mi mamá no quería estar con él, entonces como mi mamá no quería estar con él, él le pegó un balazo (a la 1:33 a. m. del 1.° de diciembre del 2019).

“Ellos estaban en el corredor y nosotros (el niño de siete años y su hermana de cuatro) estábamos en la sala, nosotros vimos cuando él la comenzó a tratar mal. Luego, vi cuando él le disparó en la panza con un arma, era pequeña, era gris. Él andaba esa pistola como en la cintura”, contó a las autoridades el hijo de la fallecida, quien fue testigo presencial del homicidio.

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Ese relato, aunado a lo testificado por el círculo cercano de Hilary, fue vital para que Badilla confesara el crimen y así desmintiera su primera versión, en la que indicaba que el arma “se le había caído y se le había disparado” por accidente.

Él se sometió a un proceso abreviado, lo cual permitió a los jueces condenarlo a 10 años de prisión, según se lee en la sentencia N.° 321-2020, emitida en junio pasado por el Tribunal Penal de Pavas.

Así como Badilla Ruiz, otros 45 feminicidas enfrentaron un juicio por asesinar a sus parejas o exparejas entre el 2016 y junio del este año, según datos facilitados por el departamento de estadísticas del Poder Judicial.

Todos esos 46 debates concluyeron con una sentencia condenatoria; es decir, ninguno de esos crímenes quedó en la impunidad.

Sobre el detalle de lo acontecido en las salas de juicio, se tiene que en el 2016 hubo 10 contradictorios, cuatro en el 2017, 13 en el 2018, igual cifra en el 2019 y seis en el periodo contabilizado del 2020.

Del total de sentencias, 24 están en el rango de entre los 20 y los 30 años de prisión, y solo cuatro con las sanciones más severas, que oscilan entre los 45 y 50 años.

Llama la atención que, según las estadísticas, en el 2018 se dictó arresto domiciliario contra dos feminicidas. Se intentó conocer más detalles sobre estos casos, pero la oficina de prensa del Poder Judicial señaló que no tenían el rastro de estas sentencias.

Trabajo constante

Obtener resultados positivos en todos los casos acusados es muy importante para la Fiscalía Adjunta de Género, sobre todo porque la investigación que conlleva este delito es “muy compleja a nivel probatorio”.

Dicha dificultad responde básicamente a que no se cuenta con “la principal fuente de prueba, que es la víctima”, señaló la fiscala adjunta de Género, María Gabriela Alfaro.

Entonces, ese faltante los obliga a acudir a fuentes externas y a otro tipo de elementos probatorios, indicó.

“Es importante recalcar que para esto tenemos la libertad probatoria, la cual nos permite buscar cualquier elemento de prueba que nos permita determinar con un alto grado de certeza la responsabilidad del encartado”, explicó.

Eso sí, para asegurarse una buena investigación y eventual acusación, los fiscales cuentan con una herramienta, llamada Guía Operativa para la Atención de Casos en Investigación relacionados con Violencia de Género y Femicidios.

“En este instrumento se establecen las diligencias posibles, porque cada investigación es diferente y tendrá requerimientos diferentes que quizás en otras están ausentes. Pero lo que nos permite es tener un abanico de posibilidades para orientar la dirección funcional: habla del abordaje del escenario, del cuerpo de la víctima, de los familiares, entre otros”, detalló Alfaro.

Justo todo ese trabajo que se viene realizando, principalmente desde el 2018, cuando Alfaro asumió la jefatura, es lo que permite trabajar en la reducción, tanto de los periodos de investigación como en la tramitación de los expedientes.

Actualmente, dijo, formular una acusación tarda pocos meses y hay casos que, en poco más de medio año, hasta llegan a juicio.

“Todo depende de los elementos probatorios que se necesitan. Si la investigación no requiere realización de pericias, normalmente la pesquisa es más célere que las que sí las necesitan. Además, son situaciones en las que generalmente el imputado está en prisión preventiva, lo que hace que el proceso deba ser rápido”, concluyó la fiscala adjunta.

Procesos expeditos

Por su parte, Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, recalcó la importancia de que los procesos por feminicidios sean expeditos.

Señaló que hay una serie de circunstancias que permiten la rapidez en estos casos; por ejemplo, que hay una menor complejidad de investigación, porque son actos perpetrados por sus parejas o exparejas.

“La complejidad es mucho menor que cuando se trata de un agresor desconocido, o cuando se trata de un ataque sexual”, agregó.

Además, la prueba que hay suele ser “muy determinante” y, por ello, los jueces imponen prisión preventiva.

Arias aseguró que el hecho de que un proceso tenga reo preso ya lo hace prioritario sobre el resto, y eso también favorece el rápido tratamiento al expediente.

Pero esa serie de factores no solo influyen en la rapidez de la reacción de las autoridades, sino que también impacta en las sentencias que reciben los imputados, ya que las penas son, en su mayoría, altas, aseveró Arias.

Toda esta situación, puntualizó, podría paliar la percepción de impunidad que hay en la sociedad cuando de estos hechos ilícitos se trata.

“Primero que todo, Costa Rica es uno de los pocos países en Latinoamérica en donde todas las muertes de mujeres se investigan. Eso ya nos habla de lo serio que es para la autoridad este delito y del tratamiento formal que se le da.

“Eso ya nos dice que no hay impunidad, porque todo se investiga y se recaban pruebas. Y, bueno, que se conozcan estas estadísticas muestra el buen trabajo que hace la institución (el Poder Judicial) desde su área penal”, dijo Arias.

Causas extintas

Más allá de lo que ocurre en salas de juicio, otro escenario que se ve, con menos frecuencia, es la extinción de la acción penal por la muerte del investigado.

Lo anterior ocurre principalmente porque el feminicida acaba con su vida una vez que comete el crimen en contra de su pareja o expareja.

Por ejemplo, en el 2019, se dieron dos casos como estos en Pococí, Limón, y en Puerto Jiménez, en la zona sur del país.

El primero ocurrió en abril del año pasado cuando Arley Pizarro Gómez, de 46 años, asesinó de dos balazos a Mirlene de Los Ángeles López Méndez, de 54.

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Ellos mantenían una relación y, pese a que no existían antecedentes policiales de violencia doméstica, sí era común verlos discutir por celos, dijeron testigos en aquel momento.

No convivían en la misma propiedad, por lo que López se dirigió a la casa de Pizarro y estando frente a frente, y en medio de una discusión, el sujeto la asesinó.

Después de dispararle, él se suicidó.

En ese sentido, la Fiscalía informó de que “la causa 19-001015-0066-PE fue remitida al Juzgado Penal de la zona con una solicitud de sobreseimiento definitivo por extinción de acción penal por muerte del investigado”.

Otro de estos casos ocurrió en la zona sur, cuando Diego Muñoz Fernández degolló tanto a su expareja, Maribel Jiménez Soto, como a una hija de ella, de tres años.

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Luego de que se conociera el cruel asesinato de ambas, ocurrido el 5 de octubre del 2019, las autoridades se encargaron de buscar a Muñoz, por ser el responsable.

La búsqueda cesó 20 días después, cuando encontraron el cuerpo del sujeto colgado de un árbol en Golfito.

“Este despacho remitió el expediente 19-002041-0062-PE al Juzgado Penal con una solicitud de sobreseimiento por extinción de la acción penal por muerte de la persona investigada”, comunicó el Ministerio Público.

Eso sí, pese a que la causa penal termina ahí, la Fiscalía puede brindarles ayuda a los familiares de la fallecida, quienes son llamados víctimas secundarias del delito.

“Es factible remitir a los ofendidos a la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito”, concluyó la fiscala adjunta de Género, María Gabriela Alfaro.