Contacto de gerentes de MECO con funcionarios de Municipalidad de Golfito permitió destapar caso Diamante

De acuerdo con las autoridades, el presidente del Concejo Municipal de Golfito, Gustavo Alonso Mayorga Mayorga, y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Rosbin Yojhanny Suárez Vásquez, al parecer, recibieron dádivas y promesas de retribución de parte de MECO entre marzo y agosto del 2020 por la adjudicación de una licitación de obra pública. Eso, agregan los investigadores, quedó constatado posterior a una noticia criminis derivada del Caso Cochinilla, la cual alertó del presunto vínculo entre funcionarios municipales y personeros de la constructora.

En su informe, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destaca que, gracias a las intervenciones telefónicas y al ahondar en la investigación se detectó la aparente participación de personas de otros ayuntamientos, incluidos alcaldes y exalcaldes, todo con el objetivo de la constructora de adjudicarse contrataciones de manera irregular.

A criterio de la Policía Judicial, la aparente corrupción en la investigación permitió detectar que los “tentáculos” de MECO alcanzaron los gobiernos locales. “Lograron tener (los funcionarios de MECO) los enlaces necesarios dentro de estos municipios, con el único fin de poder crear, modificar y asesorar a los funcionarios municipales en temas de contratación administrativa (mayoritariamente obra vial) para que la empresa MECO tuviera pleno dominio de estas licitaciones, obteniendo de los funcionarios una preferencia hacia su empresa, privilegio que evidentemente tuvo un precio que el mismo Carlos Cerdas Araya (dueño de MECO) estuvo dispuesto a pagar para tener total dominio de las licitaciones, pues estas reflejaban dinero confirmado que ingresaba a su empresa”, afirma el OIJ en el expediente del caso Diamante.

Los informes judiciales también reflejan que Cerdas, en apariencia, giraba instrucciones a sus subalternos, entre estos el el gerente de la Planta Asfáltica, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, quien según la Fiscalía era el “eje central del grupo investigado, el elemento corruptor”.

El OIJ también indicó en uno de sus informes que después del allanamiento del Caso Cochinilla “se dio una baja considerable en las comunicaciones” y los investigadores concluyen que era para evitar dejar algún registro del contacto entre las partes.

Como parte de la Operación Diamante, que investiga la presunta corrupción en obras públicas cantonales, se detuvo el pasado lunes 15 de noviembre a seis alcaldes, cinco funcionarios municipales y dos empresarios. Los jerarcas municipales son Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú), Alberto Cole De León (Osa) y Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), todos ellos fueron suspendidos de sus cargos por seis meses, tienen impedimento de salida de Costa Rica, así como prohibición de acercarse a los ayuntamientos y testigos. Estas medidas cautelares, impuestas el viernes anterior, fueron apeladas por los defensores, por lo que deberá realizarse una nueva audiencia para determinar si se cambian o no.

Además, los cinco funcionarios municipales son dos de Golfito (Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga), uno de Escazú (Boraschi González), otro de Alajuela (Chacón Ugalde) y uno más de San José (Castro Camacho), deberán cumplir con las mismas medidas cautelares alternas a la prisión preventiva que los alcaldes.

Finalmente, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública también determinó que el empresario Daniel Cruz Porras, de Explotec, deberá permanecer en Costa Rica y no tener contacto con testigos del caso ni acercarse a municipalidades, mientras que el gerente de la Planta Asfáltica de MECO, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, pasará un semestre con arresto domiciliario, impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con testigos y de acercarse a municipalidades.