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“Me destruyeron mi vida y todo fue por una mala investigación”. Así resumió Bernal Adonay Jiménez Moraga, un contador que estuvo preso, siendo inocente, durante cuatro meses y 24 días, por presuntamente estar vinculado con el delito de legitimación de capitales.
Este profesional que hoy tiene 55 años había sido detenido el 20 de junio del 2009 en Paquera, Puntarenas, como parte de una investigación sobre el envío de cocaína en el vientre de tiburones a México en la cual se determinó que, además del delito de tráfico de drogas, existía, de manera paralela, un grupo supuestamente dedicado a la legitimación de capitales.
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En este último aspecto se dijo que el lavado se realizaba por medio de la compañía Tenería del Caribe Internacional y que documentos decomisados en las acciones judiciales señalaban a Jiménez como un presunto implicado. En esos papeles se decía que Jiménez era el contador de la empresa.
Por ese motivo lo arrestaron y le abrieron un proceso penal, en el cual el Juzgado Penal de Puntarenas, el 19 de junio del 2009, le impuso seis meses de prisión preventiva mientras las pesquisas avanzaban. Sin embargo, el 13 de noviembre de ese mismo año, a este hombre le cambiaron las medidas cautelares y tras pagar una fianza de ¢10 millones y con la obligación de presentarse a firmar cada 15 días y con impedimento de salida, lo dejaron en libertad.
“Yo tengo una oficina a donde atiendo a clientes. Para mí eran empresarios que querían hacer una inversión, poner una empresa y que necesitaban saber cómo eran las reglas. Era lógico buscar a un profesional financiero que les ayudara a formalizar y, por eso, me fui de arrastre. Yo era el contador a destajo, no de planta, de la empresa. Cuando me excarcelaron busqué las pruebas que aporté al juicio y se demostró que no tenía nada que ver en el asunto”, añadió Jiménez.
En un debate que concluyó el 29 de julio de 2013, el Tribunal Penal de Juicio de Puntarenas determinó que los hechos por los cuales el Ministerio Público acusó al contador “no fueron acreditados y por tanto se absolvía a Bernal Jiménez Moraga, de toda pena y responsabilidad por el delito de legitimación de capitales, bajo la consigna de absoluta certeza de inocencia”.
Recobrar la vida
Con fundamento en la sentencia absolutoria, Bernal Jiménez presentó una demanda contra el Estado por los daños ocasionados pues estuvo preso durante cuatro meses y 20 días, además de tener que estar sujeto a un proceso penal por espacio de cuatro años, un mes y 10 días. El asunto se tramitó en el expediente 14-000788-1028-CA.
Luego de recibir las pruebas, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante resolución 041-2016-IV del 26 de abril del 2016, dispuso condenar al Estado a pagar ¢50 millones, así como al pago de costas y de los intereses, según una resolución firmada por los jueces José Iván Salas Leitón, Francisco Javier Muñoz Chacón y Felipe Córdoba Ramírez.
No obstante, la Procuraduría General de la República consideró que la suma era muy alta y por esa razón impugnó el fallo ante la Sala Primera, que el 24 de setiembre del 2020, anuló la sentencia del tribunal solo en cuanto al monto a pagar y la fijó en ¢8,9 millones, más los intereses y costas procesales.
La magistrada Iris Rocío Rojas Morales, quien redactó la sentencia, señaló: “Tal cifra, compensa en términos monetarios la magnitud de la afectación anímica padecida, al haber estado privado de la libertad durante 4 meses y 24 días. Además, por ser sometido a un proceso penal que perduró 4 años, 1 mes y 10 días, por un delito que no cometió, lo cual -se reitera-, evidentemente causó un menoscabo en el estado anímico del actor”.
La alta jueza consideró que conceder ¢50 millones no tenía justificación debido a las particularidades del caso, ni resultaba acorde a los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad. “Si bien es cierto, algunas de las situaciones descritas por los juzgadores del tribunal provocaron una perturbación en las condiciones anímicas del actor, a saber, la inseguridad, angustia, desesperación e impotencia, la afectación al fuero interno no es de tal magnitud que amerite una indemnización tan alta”, señaló.
Rojas cuantificó “la angustia, y aflicciones que vivió el accionante por encontrarse privado de libertad en ¢10.000 diarios”. Lo anterior, dijo, “le otorga un monto de ¢310.000 mensuales para un total de ¢1.480.000 por el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Ese monto es proporcional y razonable. Ahora bien, en cuanto al tiempo al que se sometió al proceso penal y a otras medidas cautelares, estima esta Cámara razonable un monto de ¢5.000 diarios. Lo anterior, da un monto de ¢7.505.000″.
El Consejo Superior del Poder Judicial conoció el pasado 18 de enero sobre este fallo y ordenó al Departamento Financiero Contable proceder con el pago inmediato. Sin embargo, tres meses después de ese mandato, el pago no se ejecuta, según confirmó Bernal Jiménez.
“Soy un costarricense no amargado porque Dios me ha dado la dicha de poder probar mi inocencia ante las leyes, tal vez no así ante toda la sociedad porque uno pobre no tiene la posibilidad de hacer publicidad para que Costa Rica se de cuenta de qué fue lo que sucedió realmente.
“Siempre queda una estigmatización para toda la vida. El daño es incalculable. Todo lo que tenía lo perdí, la oficina, un negocio de fotocopiado y otras cosas. Mucha gente que me conoce profesionalmente ha regresado, pero mucha gente no. Ahora me instalé en el centro de Puntarenas, saqué el título de abogado y ejerzo el notariado, sigo para adelante, pero le digo una cosa, sigo esperando que el Estado me pague por meterme a la cárcel siendo inocente”.
