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La Corte Plena se pronunció a favor de que se congele el pago de las anualidades para todos los empleados públicos durante los años 2021 y 2022, con lo cual dicha iniciativa para ser aprobada en la Asamblea Legislativa no requiere mayoría calificada.
La decisión las tomaron este lunes los magistrados al conocer el proyecto de Ley 21.917, que se llama Adición de un transitorio único a la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.
Dicha iniciativa propone que todas las personas servidoras públicas no se les girará el pago por concepto de anualidades, correspondiente a los períodos 2020-2021 y 2021-2022.
Por mayoría de 12 votos, los magistrados acogieron una propuesta de William Molinari Vílchez, miembro de la Sala Primera, según la cual la Corte Plena no se opone a que se congele esa remuneración a los funcionarios públicos.
“En este entendido, estima el suscrito que el proyecto -salvo por lo indicado respecto del párrafo tercero- califica como medida razonable, según los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues resulta innegable la necesidad que tiene el Estado de hacer frente a las afectaciones económicas y sociales generadas por la pandemia”, expreso Molinari a sus compañeros.
En la votación en Corte Plena, cuatro magistrados se pronunciaron solo por expresar que el proyecto no incidía en el funcionamiento del Poder Judicial. Seis magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar.
La iniciativa para congelar el pago de las anualidades a los servidores públicos la había presentado el Poder Ejecutivo. Inicialmente solo contemplaba el no pago para el período del 2019-2020 pero posteriormente presentaron un texto sustitutivo que replanteaba el proyecto y solicitaba que se eliminara dicho beneficio para los años 2021 y 2022.
La intención de esta medida es generar un ahorro para destinarlo a la atención de la emergencia nacional provocada por la pandemia de covid-19.
Según las proyecciones del Poder Ejecutivo, el ahorro del pago de anualidades para esos dos periodos sería de ¢44.000 millones, solo para Gobierno Central.
En el caso de las instituciones autónomas, el ahorro sería de ¢23.000 millones. Esos recursos irían a engrosar el Fondo Nacional de Emergencias.
Inicialmente se había publicado que para aprobar este proyecto en la Asamblea Legislativa se requería mayoría calificada, pero el magistrado William Molinari aclaró luego de que no se necesita.
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