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Los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán renunciar y dar un plazo de 10 años en caso de que pretendan aspirar al cargo de fiscal general de la República.
Así lo establece un artículo incluido en el proyecto de ley para crear la carrera fiscal, que fue aprobado este lunes por la Corte Plena y que se espera pronto sea puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa.
El requisito de 10 años se hizo para evitar que personas que se desempeñen en puestos políticos renuncien y se postulen para dirigir el Ministerio Público.
La decisión la adoptaron los magistrados debido a que en los últimos meses hubo muchos cuestionamientos porque Jorge Chavarría Guzmán pasó de ser viceministro de Seguridad Pública en la Administración de Laura Chinchilla (2010-2014) a fiscal general.
A Chavarría lo nombraron viceministro en mayo del 2010, renunció a finales de agosto y la Corte Plena le encomendó dirigir el Ministerio Público el 13 de octubre del mismo año.
"Esta cláusula es por razones de transparencia", dijo Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República, y una de las impulsoras del plan.
Además, se debe recordar que para aspirar a la fiscalía general se necesitan 10 años de ejercer la abogacía y, si se trata de funcionarios judiciales, deben contar con al menos cinco años en un puesto en el Poder Judicial.
Modernización
Carlos Chinchilla Sandí, presidente de la Corte Plena, dijo que el proyecto de carrera fiscal es la primera de 10 iniciativa con las cuales se pretende modernizar el Poder Judicial.
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"Este es un ejercicio amplio, democrático y transparente (...). Hemos invertido nueve sesiones de Corte Plena que han servido para discusión y aprobación de los 39 artículos, pero no solo del articulado, sino de la letra menuda de este proyecto de ley", agregó.
El jerarca del Poder Judicial se mostró muy satisfecho de que el plan se aprobara de forma rápida, al tiempo que afirmó que el Poder Judicial lleva más de 10 años tratando de regular el Ministerio Público.
Por su parte, Emilia Navas manifestó que la esencia del proyecto es asegurarle al país que las personas que van a trabajar en el Ministerio Público como fiscales sean funcionarios idóneos a nivel funcional y ético.
“Van a ser personas que serán nombradas por su mérito, su trayectoria, sus hábitos, sus habilidades, su experiencia, pero sobre todo por su probidad. Vamos a contar con un consejo de carrera fiscal que así lo va a asegurar en cada uno de los concursos que se hagan para nombramientos", manifestó.
El magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro, otro de los impulsores de la iniciativa, declaró: “Esta nueva ley fortalece el mandato del fiscal general para que en el nombramiento de fiscales impere la transparencia, la meritocracia y que el ejercicio del poder fiscal se haga con equilibrio, con moderación y que se respete la autonomía de cada fiscal".
Agregó que el fortalecimiento del Ministerio Público es muy importante para el país, no solo para perseguir el delito común, sino para las investigaciones de la criminalidad organizada y la corrupción.
Otras iniciativas
Paralelamente, Carlos Chinchilla anunció que la Corte Plena continuará con el análisis de los restantes nueve proyectos para remozar el Poder Judicial.
A partir de la próxima semana los magistrados se abocarán a elaborar un nuevo reglamento para evaluar el desempeño de los funcionarios judiciales y la rendición de cuentas.
Luego tienen pendiente discutir sobre los protocolos de conducta de servidores judiciales. La idea es regular los principios que guíen las actuaciones de los funcionarios.
Además, está en la lista la aprobación de una reforma del régimen disciplinario, para mejorar el procedimiento interno de sanciones.
