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La Corte Plena, en una sesión privada realizada la tarde de este lunes, descartó abrir una investigación disciplinaria por el denominado caso de Berenice Smith Bonilla.
El asunto tiene que ver con una queja presentada por el legislador Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.
A él le atribuyó hacer uso de una facultad como presidente del Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial, para aprobarle un beneficio laboral a la exfiscala subrogante Berenice Smith. Ella había solicitado que le reconocieran seis años que laboró en Guatemala, como parte de los años requeridos para acogerse a la jubilación.
En este caso, Cruz hizo uso de esa facultad, establecida en el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Allí se menciona que los asuntos que discuta el Consejo Superior se aprueban con mayoría simple de sus miembros, pero que cuando haya empate entre ellos, el presidente tendrá voto doble.
Precisamente, por el uso del voto doble, la Fiscalía General de la República abrió una investigación penal por el delito de prevaricato y en la cual se pretende determinar si Cruz presuntamente cometió alguna acción anómala durante su gestión como presidente del Consejo Superior.
Este lunes, cuando se discutió el tema, 15 magistrados votaron por archivar el caso, mientras que cinco estuvieron anuentes a iniciar el proceso interno.
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No fue posible conocer mayores detalles sobre la discusión, pues la sesión fue privada. La Corte Plena estuvo integrada en su mayoría por magistrados suplentes, debido a que la mayoría de titulares se habían inhibido de conocer el asunto.
Solo estuvieron presentes los cinco magistrados titulares de la Sala Segunda y la sesión fue presidida por Orlando Aguirre, miembro de dicha sala.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, consultado durante una conferencia de prensa dada este martes, dijo que había mucha confusión sobre el caso y prefirió no ahondar en el asunto.
“Lo que resolvió el Consejo fue el reconocimiento de unos años de servicio y lo que ahora puede estar pendiente es la solicitud para que ella se jubile conforme a un dictamen de gestión humana. Yo no podría dadas las circunstancias y las condiciones en que se presentó, resolver el tema de la jubilación de ella”.
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Otras denuncias
En la misma sesión, la Corte archivó otro queja de Muñoz y que estaba relacionada con un aumento salarial para los 46 altos cargos del Poder Judicial, incluidos los magistrados, y que había sido aprobado en el 2008.
La razón es que por ese caso ya pasaron más de 10 años, desde la fecha en que se tomó el acuerdo por parte de Corte, y por lo tanto cualquier acción judicial está prescrita.
Sobre una tercera queja del legislador, se postergó la decisión. El asunto se refiere al atraso en el trámite de una acción de inconstitucionalidad presentada en la Sala Constitucional en abril del 2017 contra el índice gerencial, un privilegio que, entre el 2008 y el 2010, incrementó hasta en un 96% los salarios de la denominada clase gerencial de la Corte.
Los magistrados que participaron en la sesión privada de la Corte determinaron que antes de tomar una resolución, requieren de una explicación de los miembros de la sala cuestionada.
El tema será analizado en una nueva reunión que todavía aún por definir, pero que no será este año, debido a que el Poder Judicial sale a vacaciones este próximo viernes 20 de diciembre y regresa a labores el lunes 6 de enero.
