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A inicios del 2017 el Poder Judicial inició un ambicioso proyecto para combatir la lentitud en los procesos penales. Tres años después anuncia los resultados: se redujo en un año el tiempo de duración para el juzgamiento.
El dato lo proporcionó Jorge Rodríguez Salazar, coordinador del proyecto de mejora integral del proceso penal del ámbito jurisdiccional, quien agregó que en el año 2016 el promedio para dictar una sentencia era de 24,3 meses; en tanto en el 2019 el promedio es de 13 meses.
“El objetivo era mejorar los tiempos de respuesta. Eso implicó acelerar la atención de la persona usuario (ofendido, imputados y abogados) e incrementar la efectividad de los debates. Este proyecto maximiza los recursos, pero con sentencias de calidad para evitar los juicios de reenvío”, explicó Rodríguez.
Hizo ver que la idea es construir una justicia mas eficiente con una nueva organización de tribunales a los cuales se les exige rendimiento y calidad, para evitar anulaciones y la realización de nuevos juicios.
Historia
El plan para reducir la mora judicial comenzó con la integración de un equipo para que detectara los fallos e hiciera propuestas para eliminar los cuellos de botella.
El grupo hizo una exploración o diagnóstico al recorrer 78 juzgados y tribunales.
Como acción inmediata se planeó un rediseño en los procesos que se aplicó en 12 tribunales considerados críticos como son: Pavas, Puntarenas, Quepos, Alajuela, Limón, San José, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Turrialba, Goicoechea y Cartago.
En esos lugares, a partir del análisis, se tomaron medidas como la realización de más juicios a cargo de tribunales unipersonales (un solo juez) en lugar de los conformados por tres jueces.
Esa posibilidad solo es aplicable a procesos donde el delito que se juzga tiene una pena igual o menor a cinco años, según el artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En los Tribunal de Pavas, entre tanto, se habilitó un horario vespertino, es decir, que ahora también hay debates entre 4 p. m. y 10 p. m. En este caso no hay certeza de que siga funcionando en el 2020.
Además, se implementó una agenda electrónica con la intención de conciliar los intereses de todas las partes (jueces, defensores, fiscales) y evitar al máximo la suspensión de juicios.
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Otros resultados
Jorge Rodriguez manifestó que la efectividad la comenzaron a obtener al revisar la cantidad de expedientes terminados.
Al respecto explicó que en el 2016 ingresaron 12.644 expedientes de los cuales se terminaron 12.232. Entre tanto, para el 2019, con datos obtenidos hasta setiembre, se hizo una proyección hasta final de año, lo que significará que en total se estima ingresarán 13.463 y el año cerrará con 15.758 expedientes terminados.
Recalcó que en el 2016 había un circulante de 21.954 mientras que el 2019 cerrará con 18.115. Eso significa que hay una disminución de 3.839 expedientes.
Asimismo, al comparar la cantidad de sentencias dictadas en el 2016 (10.706) con las emitidas este año (14.002) se nota que habrá 3.296 sentencias más.
Jorge Rodríguez dijo que en este momento se tiene que el señalamiento de audiencias en los 38 juzgados penales está a un plazo inferior a los seis meses, 10 tribunales de juicio unipersonales (el 40% de la totalidad de ese tipo de tribunales) igualmente el señalamiento está a seis meses.
En el caso de siete tribunales de juicio colegiados, tienen plazos de señalamiento a juicio inferiores a 12 meses.
Casos tramitados en el ámbito penal
FUENTE: PODER JUDICIAL || C.F. / LA NACIÓN.
Reacciones
El abogado penalista Federico Campos Calderón dijo que en la práctica diaria no ha percibido esa disminución en los tiempos, "mas bien la tendencia es hacia lo contrario. No tengo la menor idea de adónde exactamente estarán aplicando e incidiendo esas supuestas medidas; pero, al menos, en los casos que yo atiendo no es así y en varios la duración ha sido excesiva y desproporcionada, todo atribuible a la lentitud burocrática del sistema judicial”.
Por su parte, Alfonso Ruiz Ugalde, otro litigante privado, manifestó que en los procesos complejos no se puede esperar una respuesta del sistema, pero “en los casos pequeños que involucran lesiones culposas, si he percibido una disminución en el tiempo de señalamiento de los juzgados y en el señalamiento de juicios”.
Ruiz agregó que la estadística del Poder Judicial no analiza la tardanza del Ministerio Público para realizar la investigación.
Al respecto dijo: “en los últimos dos años he encontrado los mayores peros en la tramitación fiscal y no porque la Fiscalía quiera tardar por gusto sino por la llegada de muchos funcionarios que no tienen la experiencia necesaria en la tramitación del proceso y segundo al excesivo cambio de fiscales de un puesto a otro”.
Respuesta fiscal
El Ministerio Público en un comunicado de prensa informó que dentro del plan cumplieron con el objetivo de mejorar el tiempo de respuesta para brindar un servicio de calidad y con efectividad en los debates.
“Esto se refleja en un monitoreo realizado durante junio y setiembre anterior, el cual concluye que las Fiscalías intervenidas en este periodo tuvieron un cumplimiento exitoso, respecto a los expedientes en rezago a juicio”, detalla el documento.
Los casos en investigación registraron un rezago a octubre de 8.958 expedientes, los cuales procura resolverlos.
Se citó, como ejemplo, que a junio la Fiscalía de San Joaquín de Flores, Heredia, logró resolver la totalidad la causas en trámite, incluyendo casos catalogados como complejos. Para ejecutarlo dispusieron que el fiscal coordinador asumió los juicios, en tanto tres fiscales auxiliares se encargaban de tramitar los expedientes, dirigir allanamientos y atender los nuevos casos.
