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La Corte Plena acordó este lunes solicitar al Ministerio Público que evalúe si la exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, incurrió en algún delito al presentar un deficiente informe final de labores.
La medida se aprobó con el respaldo de 16 magistrados, poco tiempo después de que se conoció un pronunciamiento de la Auditoría del Poder Judicial.
En dicho documento se señaló que el reporte final “presentado por Emilia Navas Aparicio solo hace referencia a estadísticas sobre la labor sustantiva del despacho a su cargo, dejando de lado los demás requisitos mínimos obligatorios establecidos por la normativa emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Tampoco cumple con el formato institucional instituido por el Consejo Superior “.
Asimismo, los altos jueces también acordaron enviar el documento elaborado por la Auditoría Judicial a la CGR “para lo que corresponda”.
Es decir, que sea esa entidad la que determine si la exfuncionaria incumplió lo dispuesto para cuando un jerarca termina sus labores.
En caso de encontrarse alguna falta, se podría imponer una sanción que le impide ocupar cargos públicos.
Otra de las medidas que se adoptaron respecto al informe final de Navas, fue solicitar a la Auditoría Judicial que realice una nueva evaluación sobre sí el Poder Judicial sufrió algún daño.
Estas medidas se tomaron luego de que el pasado lunes 5 de julio los magistrados declinaron dar por recibido el informe final de labores de Emilia Navas y más bien enviaron el documento a la Auditoría Judicial para que evaluara si cumplía con los requisitos.
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En ese momento los magistrados cuestionaron la falta de claridad y señalaron que el reporte no reunía los elementos necesarios para tenerlo como una rendición de cuentas del cargo.
“Lo que corresponde es pasar el informe a la Auditoría porque el informe está mal hecho. No responde a las directrices puntuales que establecen las diferentes leyes. La Auditoría tendría que resolver qué hacer, porque ella ya no es funcionaria del Poder Judicial”, dijo en aquel momento la magistrada Roxana Chacón, de la Sala Segunda.
En la sesión de este lunes, Roberth García González, auditor judicial, se presentó a exponer los hallazgos del análisis. Lo hizo en una sesión privada que inició a las 9:30 a. m. y terminó a las 12:30 p. m.
El resultado de la discusión se conoció hasta las 3 p. m., cuando los magistrados comenzaron a votar las diversas opciones.
La exfiscala Emilia Navas había dejado el cargo el martes 30 de junio luego de acogerse a la jubilación. Ella se pensionó en momentos de muchos cuestionamientos porque se inhibió de conocer el Caso Cochinilla, pues su esposo Francisco Campos Aguilar figura como abogado defensor de varias empresas investigadas en el proceso judicial.
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Asimismo, en ese momento había circulado copia de un documento en el cual se detalla que Campos estuvo el 14 de junio pasado a las 7:12 a. m. cuando inició el allanamiento en las oficinas de la empresa Meco en La Uruca de San José.
Inicialmente, Navas había informado que dejaría su cargo, oficialmente, a partir del miércoles 25 de agosto, aunque en la práctica iba a ser el 12 de julio, pues tomaría vacaciones del 13 de julio al 24 de agosto.
Empero, de una forma imprevista la adelantó para el 29 de junio, luego de que la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial aprobara la fecha del retiro.
Precisamente, la magistrada Roxana Chacón pidió este lunes se aclara cuándo fue que se reunió la junta para aprobar la pensión de Navas, pues según dijo la junta se reunió el domingo 27 de junio, situación que calificó como anormal.
