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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pusieron cuesta arriba la aprobación del segundo presupuesto extraordinario de la República del 2020, el cual incluye recursos para financiar el bono Proteger, así como un recorte de ¢328.000 millones para tratar de balancear las finanzas públicas.
Este lunes, la Corte Plena (integrada por los 22 magistrados) se pronunció en el sentido de que el ajuste de gastos afecta la operación y el funcionamiento del Poder Judicial por la reducción de ¢5.000 millones en su presupuesto.
De acuerdo con la Constitución Política, para apartarse de ese criterio de los magistrados y continuar adelante con el proyecto, se requerirá en la Asamblea Legislativa del voto positivo de las dos terceras partes, es decir, de al menos 38 de los 57 diputados.
El segundo presupuesto extraordinario de la República, el cual fue dictaminado afirmativamente este mismo lunes por la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconoce una caída de ¢1,07 billones (millones de millones) en los ingresos del Gobierno Central, producto de la crisis económica que golpeó la recaudación de impuestos.
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Para adecuarse a la caída de ingresos y, a la vez, poder financiar subsidios y un aporte para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Gobierno planteó una reducción de ¢328.000 millones en el gasto público, de los cuales ¢5.147 millones corresponden al Poder Judicial, es decir, el 1,5% del recorte.
El ajuste equivale a un 1% del presupuesto total asignado al Poder Judicial para este año, el cual llega casi a los ¢473.000 millones.
Al respecto, los magistrados consideraron que la rebaja afectará el funcionamiento del Poder Judicial.
Así lo determinaron los magistrados por mayoría de 14 votos, con seis abstenciones (todos miembros de la Sala Constitucional), luego de conocer diversos informes en los cuales se hizo ver que la iniciativa incluyó una disminución adicional de ¢2.500 millones, que perjudicaría el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
La decisión en la Corte Plena se produjo ante una consulta legislativa sobre el segundo presupuesto, expediente 22.080.
De acuerdo con un análisis de La Nación, la mayor parte del recorte al Poder Judicial recae sobre la partida de prestaciones legales, en donde se cortarían ¢1.100 millones.
Le siguen los rubros de edificios (¢464 millones), bienes intangibles (¢463 millones), incentivos salariales (¢408 millones), tiempo extraordinario (¢402 millones), actividades de capacitación (¢229 millones) y equipo y mobiliario de oficina (¢162 millones).
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Diputados de diversas tiendas políticas respondieron a la Corte que todos los sectores deben adecuarse a la realidad y estimaron que sí conseguirán los 38 votos necesarios.
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Razones para oponerse
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, expresó a los magistrados que la negociación que se hizo con el Ministerio de Hacienda definió un recorte de ¢2.500 millones en el plan de gastos de este año.
Sin embargo, agregó que al conocer en detalle el proyecto, se dieron cuenta de que la disminución sería por ¢5.147 millones, es decir, más de ¢2.500 millones adicionales.
Añadió que en el nuevo plan se incluyeron recortes en rubros como el pago de horas extras, cargas sociales, publicaciones de edictos, limpieza y vigilancia, entre otros aspectos.
“El aumento del rebajo propuesto a este presupuesto extraordinario se hizo sin ninguna participación del Poder Judicial. Todos los programas de una u otra forma se ven impactados de manera negativa con este presupuesto extraordinario. Se recortan subpartidas sencillas, salarios, cargas patronales, servicios públicos y la compra de algunos bienes y suministros esenciales. Este rebajo carece de fundamento técnico. La única justificación que se nos dio para aplicarlos fue un link (enlace) para que fuéramos y lo consultáramos. No tiene fundamento técnico”, argumentó.
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La oficina de prensa del Poder Judicial dijo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) verá reducido el pago de horas extra a los encargados del levantamiento de cuerpos durante los accidentes, así como para los allanamientos.
Asimismo, alegó que la merma impactará al área de Servicios Generales, a cargo de la limpieza, “con el procedimiento de desinfección de las oficinas por casos sospechosos o positivos (de covid-19)”.
También habrá afectación en la compra de productos de limpieza como alcohol y alcohol en gel, jabón y desinfectantes, indispensables para los procedimientos de limpieza profunda, argumentó el departamento de prensa de la Corte.
Asimismo, informó de que queda en el limbo una remodelación “urgente” en la Morgue Judicial.
La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, dijo a los magistrados sentirse preocupada.
“Con este presupuesto reducido va a ser imposible realizar todas nuestras tareas. En esta gestión hemos tratado de atender todo bien, pero creo que nos están llevando al límite para tener que tomar decisiones tristes pero drásticas en el sentido de ver a qué le damos prioridad”, declaró.
Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, manifestó que la Policía Judicial ha estado anuente a reducir los gastos, pero se está llegando a situaciones muy difíciles, pues se afecta el pago de horas extra y la compra de equipos esenciales.
“En el caso de las horas extra en el OIJ, se pagan esencialmente a funcionarios de cárceles, por la atención de personas que sufren algún tipo de agresión sexual fuera de los horarios ordinarios. Eso implica el traslado y presencia de médicos para la atención inmediata y porque los oficiales exceden la jornada ordinaria en la realización de una actividad policial. Si eliminamos el pago de horas extra, obviamente la manera en que trabaja el OIJ se va a ver afectada”, expuso el jefe policial.
Además, dijo que en el proyecto legislativo se le rebajó una partida de gastos por viajes al exterior, “no para que los jerarcas viajen sino para pagar extradiciones. Tenemos un rubro que es comunicaciones que no es para pagar aparatos celulares o para adquirir equipo, sino que es para atender una central de radio que no puede apagarse y que funciona las 24 horas y que requiere mantenimiento”.
Espinoza dijo a los magistrados que le preocupa que con la disminución en el presupuesto “no se puedan comprar reactivos y que tengamos que paralizar laboratorios como en el que se determina el ADN, los análisis de balística, de drogas. Si nos quitan el mantenimiento de vehículos, cómo nos vamos a trasladar y cómo vamos a cumplir con esa obligación que nos exige la ley.
“Todos estamos convencidos de que este recorte es injusto, es poco técnico, carece de cimentación y es evidentemente sacado de la manga”.
