Escuchar
Un proyecto de ley que pretende crear un registro de ADN de los reclusos que pidan beneficios carcelarios no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, determinó la Corte Plena este lunes.
Con 11 votos a favor y diez en contra, la Corte aprobó el dictamen del magistrado Jesús Ramírez, de Sala Tercera, por lo que el proyecto solo requeriría de mayoría simple en la Asamblea Legislativa para ser aprobado, en vez de una mayoría calificada de 38 votos.
El expediente 24.341, presentado por el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), expone que la toma de muestras de ADN permitiría “una más efectiva investigación de los delitos” y reduciría las posibilidades de reincidencia por la aplicación de los beneficios carcelarios.
Los beneficios que el texto comprende son la ejecución condicional de la pena, la amortización de multa o el trabajo en favor de la administración pública o empresas privadas, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la libertad condicional, la conmutación de la pena, la rehabilitación, el indulto y el perdón judicial.
También incluye traslados dentro de la cárcel hacia menores niveles de contención, permisos controlados de salida y “cualesquiera otros previstos por el ordenamiento vigente o futuro”.
Estos registros de ADN serían incorporados a la base de datos del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Al ser consultado sobre este proyecto, el OIJ indicó que no afecta su funcionamiento, pero sugirió que los perfiles genéticos no sean administrados por el Ministerio de Justicia y Paz, como lo propone el artículo 5 del texto, sino que los administre directamente el mismo Departamento de Ciencias Forenses.
La Dirección Jurídica del Poder Judicial consideró que el proyecto sí podría incidir en su funcionamiento, y alertó de que habría que tomar medidas para proteger los datos personales que se recolectarían. No obstante, este no fue el criterio acogido por la Corte.
Otros dos proyectos de seguridad dictaminados este lunes tampoco afectan al Poder Judicial. Se trata de una iniciativa para endurecer penas contra el cobro de “peaje” por entrada a barrios y extorsión de comercios, y otro para sancionar el entrenamiento y asesoría al crimen organizado por policías activos o exfuncionarios de cuerpos policiales e investigación.
Por otro lado, los magistrados determinaron que el plan para otorgar licencias remuneradas de tres días hábiles a los trabajadores que afronten la pérdida de un familiar cercano sí afecta a la institución, así como el proyecto que sacaría al personal especializado, profesional, policial y a jefaturas del OIJ de la aplicación de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de Empleo Público.
De esta forma, ambas iniciativas requerirían 38 votos para convertirse en ley. El proyecto de licencias en caso de muerte de un familiar ya fue aprobado en primer debate, el 17 de setiembre, con 46 votos a favor y ninguno en contra.
