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La Corte Plena, en una sesión privada realizada la tarde de este lunes, dispuso trasladar a la Inspección Judicial una serie de quejas que surgieron en las últimas semanas en contra de la fiscala general de la República.
La medida la adoptaron los magistrados de manera unánime a las 6:30 p. m. de este lunes. En ese momento. solamente había 15 magistrados presentes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, dijo que durante la discusión se conocieron cuatro documentos, incluido un informe de la Dirección de Gestión Humana.
“Se decidió pedir a la Inspección Judicial una investigación de las quejas y que, en un plazo razonable, entreguen un informe”, manifestó Cruz.
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Aunque no se pudo conocer en detalle la queja principal contra la fiscala, en las últimas semanas ha circulado una serie de documentos, algunos anónimos y otros firmados por la Asociación Costarricense de Funcionarios del Ministerio Público (Simipu), en los cuales dieron a conocer supuestos nombramientos anómalos y la “fuga de talentos” debido a acoso laboral y persecución.
En el anónimo se menciona que el modelo gerencial que utiliza Emilia Navas es inadecuado y desfasado. Se señala, como principal queja, la falta de motivación y liderazgo, “suplida por visitas amenazantes, reuniones en que se irrespeta la dignidad de los servidores, la apertura de causas disciplinarias y hasta penales por situaciones superfluas… un régimen del terror”.
En ese documento también se cuestionan los nombramientos hechos por Navas, alegando falta de transparencia y se asegura que entre el personal se presume que, para la escogencia de los funcionarios, prevalece la amistad de la jerarca o de sus asesores con algunos funcionarios, y no la capacidad.
En cuanto a la nota enviada por el Simipu, que tiene fecha del 2 de julio, se afirma: "Los movimientos de los servidores del Ministerio Público y la rotación constante de estos, genera inestabilidad personal y profesional, pero aún dejando de lado el bienestar de los funcionarios y personal técnico.
“El principal problema está en la falta de justificación de los traslados, pues se fundamentan (...) en que tales cambios se realizan en aras de un supuesto “mejor servicio público” pero no se señala ni cómo ni por qué efectivamente esos traslados van a cumplir esa finalidad.
"Más bien, al contrario, esos traslados van en detrimento del servicio público, pues al haber tantos cambios, los procesos a cargo de los fiscales tienen dilaciones injustificadas, pues cuando surgen esos cambios, el funcionario debe estudiar y conocer cada expediente que tenga el puesto, generando entonces un perjuicio a las investigaciones y a las partes en el proceso”.
Emilia Navas fue designada fiscala general interina en octubre del 2017, en sustitución de Jorge Chavarría. El 12 de marzo del 2018, los magistrados la ratificaron como titular en el cargo durante un periodo de cuatro años.
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Desde que fue designada como interina, Navas inició una ofensiva contra la corrupción, en especial con el llamado caso del cemento chino, que repercutió, en tanto, en la esfera política como judicial.
