La Corte Plena reiteró a todos los jueces, la noche de este sábado, que deben continuar el trámite de todos los procesos penales.
La decisión la tomaron los magistrados durante una sesión extraordinaria debido a que algunos abogados litigantes comentaron, en redes sociales, que los casos penales estaban paralizados debido a la emergencia por el Covid-19.
"Todo el sistema penal que atiende lo relativo a las personas privadas de libertad continúa en funcionamiento, razón por la cual estos procesos se atenderán sin dilación ni suspensiones o interrupciones de ninguna índole”, determinaron los magistrados.
Esta resolución de la Corte Plena es adicional a otra que se había adoptado el pasado 20 de marzo, cuando dispuso suspender los servicios no esenciales entre el lunes 23 de marzo y el 3 de abril
En esa ocasión, los altos jueces también ordenaron mantener la prestación de los servicios básicos con el personal mínimo y que se mantengan las actividades administrativas, policiales y de apoyo que sean necesarias.
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“Se mantiene la prestación de los servicios mínimos necesarios para las personas que se encuentren en prisión preventiva o requieran justicia cautelar en cualquiera de las materias administrativas o jurisdiccionales, la atención de audiencias en curso que sean necesarias para la protección de su vida, salud, seguridad o libertad y se requiera una decisión jurisdiccional para su mantenimiento, prórroga y/o levantamiento, conforme a derecho”, estipula el acuerdo.
Sin embargo, esta última disposición generó alguna confusión en cuanto a la realización de audiencias en el área penal.
Al respecto, los magistrados ordenaron a los jueces que deben seguir los trámites de todos los expedientes y poner especial cuidado a aquellos en los cuales hay reo preso.
Asimismo, se dejó a criterio de los jueces determinar si efectúan los juicios que tienen programados.
Por ejemplo, el Tribunal de Juicio de Heredia suspendió el 17 de marzo la realización de un juicio por el crimen del empresario italiano Stefano Calandrelli, en el cual hay siete imputados.
El Tribunal consideró que la sala donde se realizaría el debate no cumplía con las normas sanitarias que exige el Ministerio de Salud, además de que uno de los testigos principales está en Italia, desde donde brindaría una declaración por medio de videoconferencia.
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Sin embargo, por la situación que afronta Italia con el conavirus, ese testigo tenía dificultades para rendir su relato. En este proceso, tanto la Fiscalía como los defensores dijeron que no podían prescindir de ese relato.
Durante la semana anterior, en diferentes despachos se siguieron efectuando juicios en flagrancia, así como audiencias de fijación de medidas cautelares.