EscucharEl asesinato de la niña Josebeth Retana Rojas, de 8 años, ocurrido en Horquetas de Sarapiquí (Heredia) en el 2005, conmocionó al país no solo por la crueldad con la que se ejecutó, sino porque fue un caso que terminó en la impunidad. Nunca nadie fue responsabilizado por el crimen. 16 años después, salen a la luz nuevos hechos que ocurrieron antes de que el caso quedara prescrito el 11 de setiembre del 2015.
Ante una consulta reciente de La Nación, el fiscal Carlo Díaz, quien era jefe de la Fiscalía Adjunta de Heredia, reveló que él estudió el legajo judicial y pensaba que se podía ampliar la investigación antes de que prescribiera. Por ello, pidió autorización para reabrir el expediente a su jefe, el entonces fiscal general, Jorge Chavarría.
Sin embargo, Chavarría no le concedió permiso, sepultando así la causa. El fiscal Díaz recordó que, en una reunión, su entonces jefe argumentó que “él, junto con otro fiscal, habían analizado previamente el expediente y consideraron que no era procedente reabrir la investigación, razón por la cual me ordenó no continuar con la misma”.
Chavarría calificó de inexactas esas aseveraciones y aseguró que Díaz, quien era su subalterno en aquel momento, no necesitaba de su permiso para reavivar la investigación. Argumentó que el artículo 289 del Código Procesal Penal y los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público indican que “los fiscales del caso y los fiscales adjuntos están obligados a investigar de oficio sin pedirle permiso al Fiscal General”.
“Él sabe que tenía que actuar sin necesidad de consultarme la línea de investigación que él quería seguir. En eso no hay discusión. La ley es clara. No es cierto, y vehemente lo rechazo, que le ordenara no investigar cualquier noticia o diligencia complementaria que él quisiera seguir, simplemente porque no tenía que consultarme, pues él estaba legalmente obligado a hacerlo y, si no lo hacía, incurriría en un incumplimiento de deberes”, aseveró Chavarría.
El exfiscal mencionó que es “posible” que en algún momento él conversara con Díaz y le diera su opinión sobre el caso, la cual, recalcó, no es vinculante. Recordó que algo similar había pasado con Celso Gamboa, cuando este era fiscal y le comunicó que iba a reabrir el caso. “No tuve ninguna objeción (...) y le hice ver mis conclusiones. Luego, me comento que, después de investigar con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial), habían llegado a las mismas conclusiones que yo le comenté”, apuntó.
Agregó que le sorprenden estas aseveraciones de Díaz, actual aspirante al cargo de fiscal general. “En mis 44 años de servicio, ni como oficial del OIJ ni cómo fiscal he intervenido para obstaculizar ninguna investigación o manipularla de alguna manera. Al contrario siempre elegí investigar hasta la pista más insignificante hasta agotar todas las posibilidades”, concluyó.
El legajo 05-000242-0076-PE, en el que se tramitó el homicidio calificado en perjuicio de Retana, se mantuvo en el Archivo Judicial desde el 2007 por resolución dictada por Emilia Navas Aparicio, quien era en ese momento la fiscala adjunta de Heredia.
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¿Qué se podía mejorar?
El fiscal Díaz indicó que, pese a que no maneja la fecha en que procedió a estudiar el expediente, sí recuerda que lo retomó luego de que varios medios publicaron que el caso estaba cerca de prescribir, sin ninguna resolución judicial.
A raíz de su análisis de la documentación, se encontró con hallazgos que, en su criterio, valía la pena reforzar, principalmente porque siempre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló a un único responsable del asesinato: un vecino de la niña, de apellido Salamanca.
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“Del análisis del expediente, pude determinar que existían algunos indicios que señalaban a una persona como sospechosa; no obstante, por el tiempo que había transcurrido (entre la fecha de los hechos y de la revisión), resultaba necesario retomar la investigación:
“Por ejemplo, había que volver a entrevistar a los testigos, para así determinar si recordaban sus declaraciones y ampliar sobre detalles que pudieran generar una mejor comprensión de su deposición y que además pudieran derivarse otras probanzas”, ahondó Díaz.
Cuando se le preguntó cuáles pericias se podían hacer o se podían mejorar para consolidar el caso, señaló que “no las recuerda con detalle”, pero siempre fue enfático en que su objetivo era repasar la investigación realizada y ampliarla, con lo cual podría “obtener nuevos elementos de prueba que permitieran cambiar el estado de la causa”.
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Díaz mencionó que tuvo conocimiento de que el OIJ, bajo la representación del jefe policial Juan Pablo Calvo, hizo lo propio en paralelo en aquel año. “Recuerdo que se discutió el caso con Calvo, con el interés de reabrirlo; no obstante, una vez que recibí la orden superior de no continuar, no tuve más contacto con las nuevas investigaciones realizadas por ellos”, apuntó.
Sobre esto, la Policía Judicial comunicó a La Nación que, en efecto, la Dirección General del Organismo solicitó en el 2015 que se realizara una revisión del caso, “en donde se analizara la posibilidad de aplicar técnicas de investigación modernas con las que contaba el OIJ para ese año”. Añadió que se hizo un análisis en conjunto con la Fiscalía; “sin embargo dicha entidad judicial indicó que el caso no era viable por temas relacionados a prescripción”.
Un sospechoso; ningún culpable
El 5 de setiembre del 2005, Josebeth Retana, de ocho años, salió de clases a las 2:40 p. m. y emprendió sola el viaje de un kilómetro de regreso a su vivienda, en Ticari de Horquetas de Sarapiquí, Heredia. Según informes del OIJ, que fueron dados a conocer en el 2012 por este medio, siete personas aseguraron haberla visto caminando sin compañía hacia su vivienda.
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A eso de las 3:30 p. m. de ese día, otro niño la observó avanzar, mientras ella cargaba un jeans que otra chiquita le regaló. La última vez que Josebeth fue vista estaba sentada debajo de un árbol y, luego, siguió hacia una plantación de palmito de pejibaye.
La Policía Judicial presume que ahí fue donde el asesino la interceptó. En un momento dado la habría golpeado levemente en la cabeza para dejarla inconsciente y así poder meterla en un saco de fibra sintética, que dejó en un río.
A las 5 p. m., Josebeth no había regresado a su vivienda, por lo que su madre, Maribel Rojas, fue a buscarla a la escuela y, al ver que no estaba allí, alertó a las autoridades. La búsqueda duró tres días sin dar resultado. El 11 de setiembre, un pescador reportó haber encontrado el cuerpo de la niña dentro de un saco, que estaba en la quebrada Lajas. La menor estaba en posición fetal y con su uniforme puesto. No tenía ropa íntima, el pantalón no tenía botón y la cremallera estaba descosida.
Según un reportaje de este medio en el 2012, la Policía Judicial indicó que en el cuerpo no encontraron indicios de acto de defensa. Se descartó también la violación. Además, ella portaba todas sus pertenencias: el salveque rosado con sus cuadernos y el pantalón que recién le habían regalado.
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En la ropa de la niña se encontraron vellos púbicos de un vecino de la zona, de apellido Salamanca, y de Rojas, la mamá. Sin embargo, para la Fiscalía, estos indicios generaban dudas y nunca ni tan siquiera se indagó al principal sospechoso del crimen.
Ante esta impunidad, los abogados y periodistas Rónald Moya y David Delgado, interpusieron una demanda contra el Estado ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el el 11 de febrero del 2020. Esta petición, que fue admitida para estudio, se tramita bajo el expediente N.° P-366-20.
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Nota del editor: Información actualizada a las 12:41 p. m. del 1.° de diciembre del 2021 con ajuste del segundo párrafo.
