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Un criminólogo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y dos funcionarios municipales figuran entre las nueve personas detenidas como sospechosas de integrar un chat en el que, al parecer, se difundía pornografía infantil.
La captura de estos individuos, todos hombres, fue realizada por agentes judiciales este miércoles, luego del allanamiento de nueve viviendas en Aserrí, San Francisco de Dos Ríos, Cartago, Heredia, Alajuela y Parrita.
La propiedad de uno de los involucrados fue allanada mientras el mismo vacacionaba en Guanacaste, donde fue aprehendido.
De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Judicial, la investigación comenzó hace varios meses, cuando se recibió información confidencial de la existencia de un presunto chat en el que, supuestamente, se intercambiaba contenido de abusos sexuales a menores.
Las víctimas, precisó el OIJ, son niños y adolescentes de ambos sexos con edades entre los 9 y 17 años.
Agregó que, gracias a varias diligencias policiales, se logró identificar a los sospechosos de “formar parte de un chat telefónico”, afirmó la institución en un comunicado de prensa.
Hasta ahora se desconoce si dentro del chat los individuos tenían algún rol establecido o cuál era su papel, ya que las autoridades judiciales se reservaron detalles del caso.
La Nación supo que el criminólogo del OIJ es de apellidos González García (35 años) y es especialista en escenas del delito, según consta en una publicación del sitio web del Poder Judicial.
Precisamente, de manera paralela a la investigación penal, el Poder Judicial confirmó por medio de su oficina de prensa que la Inspección Judicial le abrió este miércoles un proceso con el número 21-1299-31-DI.
“Se encuentra en trámite, recabando la prueba”, precisó la entidad.
Por otra parte, trascendió que uno de los funcionarios municipales, apellidado Fonseca Rojas (39), labora como policía e inspector de Tránsito en la Municipalidad de La Unión, mientras que el otro, de apellidos Venegas Miranda (40), aparece registrado como colaborador de servicios de protección y vigilancia en el ayuntamiento de Desamparados.
Los otros seis sospechosos responden a los apellidos Rivera Durán (26), Sánchez Ramírez (32), Bonilla Delgado (32), Lobo Quesada (37), Herrera Samudio (35) y Montero Hidalgo (24).
Este último registra una investigación que data del 2019, por un presunto abuso sexual a una joven que fue trasladada en ambulancia al Hospital Max Peralta de Cartago.
Sin embargo, por la hora en la que se tuvo conocimiento de su captura en Guanacaste, donde se encontraba de vacaciones, no se pudo conocer en qué estado se encuentra ese otro caso.
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Decomisos
Durante las diligencias de este miércoles, además de aprehender a los sospechosos, se decomisaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, dispositivos de almacenamiento USB, así como tarjetas de memoria micro SD.
Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, destacó que el caso es bastante “sensible” y que por ello no se puede profundizar en detalles de la investigación. No obstante, destacó que todos los sospechosos serán presentados al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
“La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ realizó los allanamientos como parte de una investigación por difusión de pornografía infantil. En estos, se pretendía la detención de las personas involucradas con el hecho criminal y la obtención de evidencias adicionales a las que hemos compilado durante el proceso de investigación.
“Efectivamente se hicieron los registros de las viviendas, se logró la incautación de algún material que debe ser sometido a revisión y además se logró la aprehensión de nueve personas que son sospechosas de la comisión del delito que hemos mencionado”, explicó el jerarca judicial.
Según el artículo 173 bis del Código Penal, “será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años quien posea material pornográfico infantil”.
El apartado 174 también se refiere a este ilícito e indica que se sancionará con entre cuatro y ocho años de cárcel “a quien exhiba, difunda, distribuya, financie o comercialice, por cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad o lo posea para estos fines”.
