La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que este lunes inició el juicio que se sigue contra los ex diputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López Arias, Martín Monestel, Rita Chaves Casanova y Víctor Emilio Granados Calvo, los cuatro, son acusados del presunto delito de peculado, estafa e influencia en contra de la hacienda pública.
A los ex legisladores se les investiga por aparentemente nombrar familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea Legislativa, quienes pese a que nunca se presentaron a trabajar, recibían el salario. En total son ocho personas de apellidos, Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Casanova Aragón, Madrigal Morera, Arias Jiménez, Esquivel Mondragón y dos identificados como Brenes Villalta.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público en 2019, el perjuicio económico causado al Estado llegaba a los ¢165 millones. Por esta razón, la Procuraduría de la Ética Pública estimó en aquel momento el daño material en ¢169 millones, mientras que por daño social reclamó ¢329,4 millones.
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Segunda acusación que afronta el PASE
Esta no es la primera acusación que afronta el PASE, pues en 2019 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó que se lleve a juicio a los ex congresistas Óscar López y Rita Chaves por los presuntos delitos de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso, así como a dos personas más, de apellidos Montoya Calderón y Ruin Céspedes.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía presentada en ese momento, la aparente estafa es por ¢113 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al haberse cobrado la deuda política de las elecciones del 2010.
En la acusación se señaló a los exdiputados López y Chaves por haber simulado contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al TSE y así acceder, de manera fraudulenta, a un monto mayor de la contribución estatal a los partidos políticos.
El cuestionamiento de la Fiscalía se enfocaba en decenas de contratos que, al parecer, se firmaron para la campaña del 2010, para movilizar militantes del PASE a las asambleas distritales de la agrupación, en el proceso de renovación de las estructuras.
Por su parte a Rita Chaves, también se le achacó un presunto delito de uso de documento falso y a la exregidora de apellidos Montoya Calderón se le acusó de ser aparente coautora, con López y Chaves, de la presunta estafa.
El otro acusado, Ruin Céspedes, es un notario a quien se le imputaron aparentes delitos de falsedad ideológica, por haber autenticado los contratos ficticios de arrendamiento.
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