Un empleado judicial de San Carlos fue detenido el fin de semana por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras aparentemente disparar contra el conductor de un camión cerca del Hospital San Carlos, en la provincia de Alajuela.
Se trata de un hombre de apellido Bolaños, de 41 años, quien desempeña labores como técnico judicial en los Tribunales de ese cantón. Según el informe preliminar del OIJ, alrededor de las 3 a. m. del domingo, Bolaños discutió con el conductor del vehículo pesado, momento en el cual sacó un arma de fuego y disparó, impactando el parabrisas del vehículo.
Horas después, la pesquisa de los agentes permitió identificar al sospechoso, así que se coordinó de inmediato con el Ministerio Público para llevar a cabo un allanamiento en su domicilio, ubicado en San Antonio de Ciudad Quesada. A las 8 a. m. Bolaños fue detenido. Durante el registro de la casa, se decomisaron una pistola, municiones y dos fusiles de asalto. La tenencia de estos últimos está prohibida para civiles.
Armamento prohibido
La Fiscalía Adjunta de San Carlos confirmó que al funcionario se le abrió un expediente por disparar un arma en un lugar poblado y daños. Dado que las penas por estos delitos no exceden un año de prisión, y tras evaluar las circunstancias del imputado, se determinó que no existen riesgos procesales de fuga, obstrucción o reincidencia y, por lo tanto, Bolaños podrá seguir participando en el proceso sin necesidad de cumplir ninguna medida cautelar.
Al día siguiente, el funcionario judicial, de 41 años, ya estaba de vuelta en su trabajo. La Fiscalía solamente ordenó el decomiso de las tres armas encontradas en el allanamiento para evitar la reincidencia delictiva. Se consultó al Poder Judicial si a raíz de estas acciones se le abre algún procedimiento administrativo al funcionario, pero no se tuvo respuesta.
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Según Marta Eugenia Mata, directora general de Armamento del Ministerio de Seguridad, los fusiles de asalto están prohibidos en manos de civiles, y solo algunos, que no tienen sistema de disparo automático, están permitidos para actividades deportivas. Una vez que la Fiscalía ordena el decomiso, las armas deben entregarse al Ministerio de Seguridad para su custodia en la bodega de evidencias judiciales del arsenal nacional mientras se investiga el caso. En algunos casos, la Fiscalía ordena la destrucción de las mismas.
Mata instó a la ciudadanía a ser consciente sobre la tenencia de armas de fuego, ya que las compras han aumentado considerablemente. Señaló que las armas requieren cuidados especiales, como almacenarlas sin munición y fuera del alcance de los menores para evitar accidentes. Dijo que hay una responsabilidad penal en caso de pérdida o almacenamiento inadecuado.