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La defensa del alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, solicitó este lunes la absolutoria por certeza de su cliente al asegurar que los cargos que se le imputan están prescritos y no configuran delito.
Así lo demandó el abogado Francisco Dall’Anese Ruiz durante la etapa de conclusiones del juicio contra Córdoba que se realiza en los Tribunales de Goicoechea, en San José.
El Ministerio Público atribuye al jerarca municipal los delitos de peculado, prevaricato, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y tráfico de influencias.
Los presuntos hechos ilícitos se cometieron entre los años 2002 al 2011 y están relacionados con el nombramiento del administrador de la Municipalidad de San Carlos, Wilbur Rojas Cordero, quien también está acusado en este proceso.
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Dall’Anese, al fundamentar su alegato de prescripción, dijo que la denuncia contra el alcalde fue realizada por el auditor municipal el 24 de octubre del 2005 y que, tomando en cuenta el plazo más largo de extinción de la acción penal (10 años), el caso prescribió el 24 de octubre del 2015.
Además, hizo ver que a su cliente lo indagaron hasta el 15 de enero del 2016.
El defensor también señaló durante su disertación que los hechos acusados no configuran delito y que lo más que podrían contituir es una infracción administrativa por nombramiento ilegal, la cual tiene una sanción de días multa.
Por otra parte, en cuanto a los cargos por peculado, sostuvo que durante el debate no se demostró que el acusado hubiera incurrido en sustracción o la distracción de fondos públicos.
“No se ha probado que con el salario y la prohibición que le pagaron a Wilbur Rojas se haya actuado en contra de la municipalidad de San Carlos. No hay lesividad (...), más bien el trabajo de Alfredo Córdoba y Wilbur Rojas ha llevado a que la Municipalidad de San Carlos sea la mejor municipalidad del país, como lo determinó la Contraloría General de la República", dijo el defensor.
Para Dall’Anese, al no haber delitos se debe absolver por certeza al alcalde, que se está postulando para ser reelegido en el cargo.
El Ministerio Público, anteriormente, había solicitado una condena de 23 años de prisión para el imputado.
Este debate, que es dirigido por los jueces Tatiana López, quien preside, Jéssica Hernández y Marcia Williams continuará el próximo 8 de noviembre, con la etapa de conclusiones, pues todavía esta pendiente de terminar el abogado Antonio Barrantes, quien defiende a Rojas.
