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Una lluvia de críticas hacia el Ministerio Público y la petición de la apertura de un procedimiento contra tres funcionarios de esa institución caracterizaron las conclusiones de los abogados Federico Campos Calderón y Francisco Dall’Anese Ruiz, defensores de la exfiscala adjunta Berenice Smith Bonilla.
El primero en exponer sus argumentos este viernes, en la sala 3 de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, fue Dall’Anese, quien durante poco más de dos horas explicó los motivos por los cuales debe absolverse por certeza tanto a su representada como al ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, y al actual alcalde de San José, Johnny Araya Monge.
A los tres se les vincula con un presunto delito de tráfico de influencias antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según el ente acusador del Estado, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
Para Dall’Anese los hechos acusados no fueron probados durante el contradictorio, por lo que de igual forma debe declararse sin lugar la acción civil resarcitoria.
“Solicito que se absuelva de toda pena y responsabilidad a doña Berenice Smith Bonilla por el delito de tráfico de influencias que se le ha venido atribuyendo, la absolutoria deberá dictarse por certeza y solicito que en sentencia se declare sin lugar la acción civil resarcitoria en todos los extremos y se pongan las cosas procesales y personales a la Procuraduría porque ha litigado sin causa probable y sin razón”, afirmó el defensor de Smith.
Asimismo, desde su punto de vista, hubo testigos que mintieron y consideró que la Fiscalía se ha convertido en una institución que se aleja de sus valores.
Por ello, pidió que se ordene un testimonio de piezas contra la fiscala Natalia Rojas Méndez, el fiscal Juan Carlos Cubillo Miranda y la periodista del Ministerio Público, Tatiana Vargas Vindas.
Los tres fueron testigos ofrecidos por la entidad fiscal y, según Dall’Anese, “faltaron a la verdad en sus declaraciones”.
“Solicito que se ordene el testimonio de piezas contra Natalia Rojas Méndez, Tatiana Vargas Vindas y contra Juan Carlos Cubillo como presuntos autores del delito falso testimonio (...).
“Podemos entender que el Ministerio Público se pueda equivocar en un procedimiento, lo que nunca podemos entender es que el Ministerio Público ofrezca testigos falsos, lo que nunca podemos entender es que el Ministerio Público ponga sus funcionarios a mentir para engañar a los jueces buscando la condena de tres personas inocentes.
“No podemos permitir que el Ministerio Público, llamado a ser objetivo e imparcial, ofrezca prueba falsa porque le estorba un candidato alcalde, porque quiere remover a una fiscala o porque quiere afectar a una fiscala, que de eso se trata este juicio y quiero llamar la atención porque esto trasciende a las personas que están aquí sentadas, trasciende a la institucionalidad del país y ustedes tienen el poder para orientar al Ministerio Público, ustedes tienen el poder de procurar que se país vuelva por los cauces por evitar un Ministerio Público autoritario”, explicó el litigante a las juezas Adriana Tenorio Jara e Ivannia Delgado Calderón y al juez Roy Jiménez Mata.
Su intervención siguió con críticas hacia la Fiscalía e incluso, el abogado cuestionó a los representantes de esa institución que están a cargo del debate. Por ello, se prevé que el próximo lunes 22 de marzo los fiscales Melissa Quirós Rodríguez y José Pablo Miranda Hurtado se refieran a ello durante el espacio de réplica.
El lunes pasado ellos pidieron cinco años de cárcel, con la posibilidad de la ejecución condicional de la pena, para cada uno de los tres imputados, al considerar que hubo una falta al deber de probidad y una ventaja indebida.
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Dall’Anese también insistió en la inocencia de su representada y calificó de “circo” el juicio que ha tenido que afrontar, ya que para él la acusación carece de claridad.
Incluso, lamentó que exista un vacío legal sobre la influencia, ya que determinar cuándo se da es complejo.
“Doña Berenice (Smith) me dijo el otro día: ‘Le estoy pidiendo a la Virgen de Los Ángeles’ y le dije: ‘cállese, que no la oigan los fiscales porque si no le van a acusar de tráfico de influencias’, y justamente es porque no se sabe lo que es una influencia”, aseveró el defensor, quien también recalcó que la Procuraduría General de la República, que planteó un reclamo económico, no probó el daño.
La licenciada Paola Madriz Pérez pidió en sus conclusiones que se condena al pago de ¢12 millones a Araya, mientras que en contra de Smith y Gamboa solicitó un monto de ¢15 millones de parte de cada uno.
‘Investigación errada’
Después de Dall’Anese, fue el turno del abogado Federico Campos Calderón, quien reiteró la petición de su compañero para que se le absuelva a Berenice Smith por certeza.
A su criterio, no hubo ningún tráfico de influencias y calificó de “infierno” lo vivido por la exfiscala adjunta y su familia desde que trascendió este caso.
“Los hechos acusados y sucedidos aquí en juicio son atípicos, no constituyen ningún delito de tráfico de influencias, la acusación del Ministerio Público es errada y la investigación en todo momento, desde el principio hasta el final, es errada.
“Todo esto ha sido un infierno para Berenice Smith y su familia, les ha generado un daño terrible con una acusación que ni siquiera tiene el dolo, que es uno de los elementos esenciales”, aseveró Campos.
Posterior a las conclusiones y, al cierre de la audiencia de este viernes, Berenice Smith se fundió en un fuerte abrazo con sus defensores y, entre lágrimas, les dijo unas palabras a ambos.
La licenciada ha sido acompañada por su familia en todo el debate y este viernes no fue la excepción.
Se prevé que el próximo lunes se defina cuando se dará a conocer el Por Tanto de esta causa, que se sigue dentro del expediente 17–000039–033–PE.
Los hechos
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando supuestamente se afectó la información de un expediente en el que figuraba Araya Monge.
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, la cual, al final, fue desestimada en marzo del 2016.
Los hechos que originaron este asunto se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas Vindas.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.
