EscucharLa acusación que la Fiscalía General de la República presentó contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en la que supuestamente se manejarían datos restringidos y sensibles de los ciudadanos, “es precipitada porque no contiene prueba que en su momento la Fiscalía llamó como indispensable” alegaron los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara defensores del mandatario.
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Para los juristas, cuando este asunto inició en febrero del 2020, con diez allanamientos entre ellos la Casa Presidencial donde se decomisaron computadores, llaves mallas y teléfonos, incluidos dos celulares del presidente, se informó que esa prueba era fundamental para el caso, pero dos años después se presenta la imputación de cargos, sin que esos elementos probatorios se hayan abierto, se extrajera la evidencia y se analizara.
“Hay un momento para ofrecer la prueba y ese momento es la fase de investigación. La jurisprudencia ha aceptado que cuando es prueba que favorezca al imputado puede incorporarse en debate pero en principio el Ministerio Público al decidir acusar como lo hizo, está prescindiendo de esa prueba que ellos mismos siempre calificaron de esencial. Entonces, los allanamientos no eran necesarios o aquí se está acusando precipitadamente sin prueba. En cualquier hipótesis, es indebido lo que está sucediendo”, sostuvo Rodolfo Brenes.
Igualmente, los defensores criticaron a la Fiscalía General de la República, a cargo de manera interina de Warner Molina Ruiz, porque hizo un testimonio de piezas del expediente original 20-005433-0042-PE, es decir sacaron una copia idéntica con el número 22-000006-0033-PE para acusar exclusivamente al presidente Carlos Alvarado y al exministro de la Presidencia y actual diputado Víctor Morales Mora, por prevaricato, en concurso ideal con los delitos de fraude de ley y abuso de autoridad.
Según Brenes: “Por alguna razón que yo no comprendo la Fiscalía General abrió un nuevo expediente en el 2022, en el que se presenta la acusación. Ese expediente era desconocido para la defensa. No hay ningún abogado defensor nombrado y entonces es una actitud de la Fiscalía contraria al deber de lealtad: abrir uno nuevo para acusar sin que se de cuenta la defensa. Hasta hoy (jueves) no hemos sido notificados de la acusación y por eso vamos a apersonarnos para tener el documento completo”.
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Asimismo, los abogados consideraron como curioso, el momento en la cual se presentó la acusación, pues se hizo en la semana anterior a las elecciones presidenciales, pero también cuando la Corte Suprema de Justicia está en la fase final del proceso de nombramiento del fiscal general de la República, cargo para el cual está concursando Warner Molina.
“Son dos hechos objetivamente constatables que pueden en efecto llamar la atención en cuanto a la oportunidad de la filtración de esta acusación a la prensa” añadió Rodolfo Brenes.
Trámite complicado
La acusación contra el mandatario Carlos Alvarado y el diputado Víctor Morales la presentó el fiscal interino Warner Molina a la Corte Plena. Asimismo, le comunicó sobre el hecho a la Procuraduría de la Ética Pública por si tenía interés en constituirse en querellante. Este jueves la Procuraduría de la Ética Pública anunció que demandará civilmente a ambos funcionarios por la afectación causada.
En este caso la acusación se presenta ante la Corte porque tanto el presidente como el diputado tienen un fuero especial que impide juzgarlos por asuntos penales, en tribunales comunes. Por esa razón ahora la Corte debe nombrar a un magistrado que estudie el expediente y presente un análisis a sus compañeros. Con base en ese informe, los 22 magistrados decidirán si hay fundamento para remitir el expediente a la Asamblea Legislativa, para que ahí los diputados tomen la decisión de sí proceden o no a quitar el fuero.
Empero, ese tramite en el Congreso es lento pues deben nombrar una comisión que igualmente estudie el expediente y emita una recomendación. Incluso, ante esa comisión, los acusados Carlos Alvarado y Víctor Morales pueden comparecer y presentar sus argumentos de defensa. Para levantar el fuero se requiere mayoría calificada, es decir el voto de 38 diputados.
Algunos abogados consultados consideraron que ese proceso no se podrá completar antes del 8 de mayo, fecha en la cual Carlos Alvarado perderá esa condición especial (Víctor Morales no la tendrá a partir del 1.° de mayo), por lo que el expediente, señalaron, pasará a los tribunales ordinarios.
